El fiscal general de la Cámara Laboral, Juan Manuel Domínguez, propuso este martes trasladar el pedido de amparo de la CGT contra el DNU del presidente Javier Milei a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Esta acción generó un revés para la central obrera, marcando un hito en la disputa judicial.
El fiscal Domínguez, representante de los intereses de la sociedad, fundamentó su dictamen basándose en la ley 26854, que aborda los conflictos de competencia. Destacó que, a pesar de las disposiciones del decreto 1285/58, la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal debe resolver el conflicto, respaldando la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En respuesta, el fiscal de instrucción del fuero contencioso administrativo federal, Miguel Gilligan, se opuso a abrir la feria judicial para tratar otro pedido de amparo contra el DNU. Alegó que las razones de inexcusable perentoriedad no están debidamente acreditadas, sugiriendo no habilitar la feria.
Estas decisiones de los fiscales influyen en la posición del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, quien aboga por que todos los amparos se traten en el fuero contencioso administrativo federal, donde se llevan a cabo juicios contra el Estado. Sin embargo, en el fuero laboral, la influencia recae en Héctor Recalde, ex diputado K y miembro del Consejo de la Magistratura.
La Corte Suprema, al no abrir la feria en enero, aguarda la decisión del Congreso sobre el DNU 70/2023. La CGT logró abrir la feria judicial de enero para tratar su pedido de suspensión de algunos artículos del DNI, generando más complejidad al escenario.
Jueces federales, por su parte, habilitaron ferias para tratar casos vinculados al DNU, marcando una serie de decisiones dispersas. Esta situación lleva a una discusión interfueros con desenlace incierto, mientras se espera la intervención del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
La propuesta del fiscal Domínguez de trasladar el amparo de la CGT contra el DNU de Milei a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal marca un giro en la disputa judicial. Basándose en la ley 26854, Domínguez argumenta que la competencia debe resolverse en este fuero, respaldando la postura de la Corte Suprema. Mientras tanto, el fiscal Gilligan se opone a abrir la feria judicial para otro amparo, cuestionando la urgencia del caso. Estas posturas influyen en la disputa entre Barra y Recalde sobre el fuero competente. La Corte, al no abrir la feria en enero, aguarda la decisión del Congreso sobre el DNU. La CGT logra abrir la feria para su pedido, y jueces federales habilitan ferias para casos vinculados al DNU. La situación genera una compleja discusión interfueros con desenlace incierto, mientras se espera la intervención del Procurador Casal.
