En plena feria judicial, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha generado controversia al proponer la creación de una “fiscalía especial” para investigar la corrupción de funcionarios públicos, incluyendo enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales no justificados. Esta propuesta ha sido recibida con sorpresa y desconcierto por parte de fiscales federales, quienes señalan que ya existe la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con funciones similares. La PIA, dirigida actualmente por el fiscal Sergio Leonardo Rodríguez, se especializa en investigar hechos de corrupción y irregularidades administrativas a nivel nacional, excluyendo los Poderes Legislativos y Judicial, así como instancias provinciales.
Algunos fiscales expresan su preocupación ante la posible sustitución de la PIA por esta nueva fiscalía propuesta por el Gobierno, sugiriendo que podría reflejar desconocimiento sobre las competencias existentes o tener una intencionalidad oculta. Se plantea además que organismos como la Procelac y la DAFI también están dedicados a investigaciones similares, lo que genera dudas sobre la necesidad de una nueva entidad. Sin embargo, hay quienes ven con buenos ojos la iniciativa y la comparan con modelos internacionales, como la Fiscalía Especial Anticorrupción de España, destacando su efecto simbólico.
La posible jurisdicción federal de esta fiscalía especial genera interrogantes sobre su capacidad para investigar casos provinciales y su relación con los sistemas judiciales locales. Además, se cuestiona la idoneidad del ministro Cúneo Libarona en temas de justicia, mientras que en el ámbito político se sugiere que esta propuesta podría ser parte de una estrategia para presionar a los gobernadores en medio de disputas legislativas. En resumen, la propuesta del gobierno ha generado debate y expectativa en el ámbito judicial, mientras se espera conocer más detalles sobre su implementación y alcance.
