Antes del debate de la ley ómnibus, un grupo de diputados del PRO fue desalojado de sus despachos en el edificio de Rivadavia 1829. Gabriel Chumpitaz, Patricia Vásquez, Fernando Iglesias y Alejandro Bongiovanni fueron informados por la oficina de Martín Menem de que debían mudarse antes del 31 de enero, sin que se les haya asignado un nuevo espacio de trabajo aún.
Según fuentes cercanas a Menem, el desalojo se debe al vencimiento del contrato del edificio, cuyos propietarios decidieron triplicar el valor del alquiler. Aunque se asegura que los diputados serán reubicados en otro lugar, la rápida decisión oficialista ha generado especulaciones sobre posibles represalias por presiones del PRO para reducir el capítulo fiscal del proyecto “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”.
Fernando Iglesias, uno de los afectados, descarta la idea de vendetta y señala el trabajo conjunto entre el PRO y La Libertad Avanza. A pesar de ello, el malestar en los pasillos del Congreso es evidente, especialmente por la falta de tiempo para la mudanza y la incertidumbre sobre las condiciones laborales futuras. La situación refleja tensiones políticas y administrativas en un momento crucial para el debate legislativo.
