Esta decisión gubernamental ha despertado críticas y rechazo por parte de diferentes sectores, quienes consideran que el cierre del INADI representa un retroceso en la protección de los derechos humanos y en la lucha contra la discriminación en el país. El vocero presidencial ha manifestado que el INADI, creado en 1995, forma parte de institutos que no cumplen una función efectiva y que su cierre es parte de una estrategia para eliminar estructuras ineficientes. Sin embargo, diversas organizaciones, como la Asociación Familias Diversas De Argentina, han expresado su desacuerdo con esta decisión, alertando sobre la discriminación que enfrentan varios grupos vulnerados en Argentina.
En medio de esta polémica, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha reafirmado su compromiso con la no discriminación y ha elaborado un protocolo de actuación e investigación para garantizar la protección de los derechos de todas las personas. Se destaca la importancia de implementar medidas eficaces para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo en el país, asegurando que esta tarea será prioritaria para el Ministerio.
En conclusión, el cierre del INADI y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos han generado un intenso debate en la sociedad argentina. Mientras el Gobierno defiende esta medida como parte de su estrategia para optimizar el funcionamiento del Estado, diversas organizaciones y sectores expresan su preocupación y rechazo, argumentando que el INADI desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación en el país.
