Cameron aprovechó la oportunidad para denunciar la situación de Navalny, destacando su papel como crítico de Vladimir Putin. Además, señaló que representantes de otros países, como Francia, Canadá y Alemania, se unieron a él para responsabilizar al presidente Putin y al Estado ruso por el asesinato de Navalny.
Gran Bretaña tomó medidas concretas al congelar los activos de seis jefes de prisiones rusos a cargo de la colonia penitenciaria Lobo Polar, convirtiéndose así en el primer país en emitir sanciones por este crimen. Cameron describió a Navalny como un preso político que luchaba contra la corrupción del sistema ruso y reclamaba una política libre y abierta.
Las sanciones británicas se dirigieron específicamente contra el director y los subdirectores de la colonia penal IK-3 de Kharp, en la región rusa de Yamal-Nenets. Estas medidas incluyen la prohibición de entrar a Gran Bretaña y el congelamiento de cualquier activo que pudieran tener en el país.
El gobierno británico presionó además por una exhaustiva investigación sobre la muerte de Navalny, subrayando la importancia de que los responsables rindan cuentas por el brutal trato que recibió el opositor. La esposa de Navalny, Yulia, acusó a Putin de estar detrás del asesinato de su esposo, quien fue trasladado a una prisión remota del Ártico y recibió múltiples condenas por cargos considerados como inventados por la comunidad internacional y los partidarios de Navalny.