La situación se agrava con el plan de ajuste fiscal nacional, que solo permite la continuidad de proyectos con un avance mínimo del 80%. Sin embargo, la mayoría de las obras en Tucumán no alcanzan este porcentaje, lo que pone en riesgo su ejecución. Ante este panorama, se ha promulgado una ley de emergencia en obra pública, con el respaldo unánime de la Legislatura provincial.
Esta medida busca flexibilizar los contratos y asegurar la continuidad de proyectos considerados prioritarios, como la construcción de establecimientos educativos y de seguridad. Se espera que la nueva normativa permita adaptar los plazos y condiciones de los trabajos para garantizar su finalización. Además, se buscará reactivar la industria de la construcción, priorizando obras que puedan completarse rápidamente.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti, ha destacado la importancia de esta ley para evitar retrasos y penalidades por incumplimiento de plazos. Asimismo, se espera que el diálogo entre la provincia y el Gobierno nacional permita el envío de los fondos necesarios para garantizar la ejecución de las obras. En este sentido, se buscará rediscutir los contratos y adaptarlos a las necesidades financieras del momento.
La declaración de emergencia en obra pública representa un esfuerzo por mantener la actividad constructiva en Tucumán, a pesar de las dificultades financieras y burocráticas. Se espera que esta medida permita superar los obstáculos y asegurar la finalización de proyectos fundamentales para el desarrollo de la provincia.
