Los propietarios japoneses, representados por una apoderada, han presentado una denuncia exigiendo explicaciones sobre cómo se autorizó el aprovechamiento de su propiedad sin su consentimiento. La situación adquiere mayor relevancia dado el carácter protegido de la reserva.
El ministro Martín Recamán se ha comprometido a realizar una exhaustiva auditoría para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. La situación ha generado tensión en el Ministerio, donde se señala la eventual implicación del director general de Bosques, Mariano Marczewski.
El proceso administrativo para la explotación forestal requiere la aprobación del director general de Bosques, quien es señalado como la máxima autoridad en estas decisiones a nivel provincial. La falta de presentación de los titulares en los trámites ha desatado una investigación interna.
La auditoría en curso se centra en la validez de los documentos presentados, especialmente en la “tarjeta de inscripción” y el informe de dominio. Aunque aún no hay conclusiones, se destaca la posibilidad del director de emitir una disposición sin considerar los informes de otras áreas, lo que agrava la situación.
