El objetivo principal del acuerdo es establecer una comisión interjurisdiccional que llevará a cabo el estudio hidrogeológico en la cuenca, además de financiar un estudio de impacto ambiental integral y acumulativo, considerando las características geológicas y geográficas de la región. Se destaca la importancia de la participación de las comunidades originarias, conforme al Convenio 169 de la OIT, para garantizar la consulta con información libre y resguardar sus prioridades de desarrollo y derecho a la libre determinación.
Durante el debate en la Cámara de Diputados, se mencionó que el acuerdo fue resultado de un juicio iniciado en 2019 por la Comunidad Aborigen de Santuario de Tres Pozos, con el apoyo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Se resaltó la necesidad de realizar estudios de impacto ambiental acumulativos, en contraposición a los estudios puntuales presentados por empresas mineras. Además, se señaló la importancia de no postergar estos estudios para evitar posibles consecuencias irreparables en el futuro.
La aprobación del convenio generó un debate sobre la privatización del Banco Nación, con argumentos a favor y en contra. Se destacó la importancia del banco en el contexto económico y social del país, así como los posibles riesgos de su privatización. Además, se mencionó la media sanción de una iniciativa para modificar la Ley de Ficha Limpia, la cual pasó al Senado para su revisión. Esta ley plantea cuestionamientos sobre la posibilidad de reelección de funcionarios con antecedentes penales una vez cumplida su condena.
