Las declaraciones de Labraña desafían el discurso oficial sobre los desaparecidos durante la dictadura argentina, generando controversia en el ámbito político y social. Según sus afirmaciones, la cifra de 30 mil desaparecidos fue resultado de una decisión arbitraria, sin respaldo de la CONADEP. Además, Labraña señala que esta cifra facilitó un notable lavado de activos mediante las indemnizaciones estatales.
Labraña también expone su participación en la elaboración de un libro que cuestiona el relato oficial, contribuyendo así a una revisión crítica de la historia reciente de Argentina. Sus revelaciones sugieren la existencia de intereses económicos detrás de la narrativa de los desaparecidos, lo que podría impactar en la percepción de la memoria histórica del país.
Estas revelaciones ponen en tela de juicio la veracidad y la integridad de la información relacionada con los desaparecidos durante la dictadura militar, destacando la necesidad de una investigación exhaustiva y objetiva para esclarecer los hechos ocurridos en ese período oscuro de la historia argentina.
