La ley, que ya cuenta con el respaldo del ejecutivo provincial, contempla la creación de un equipo compuesto por miembros de la Corte Suprema de Justicia, operadores del sistema judicial y representantes de diversas instituciones académicas y profesionales. Este equipo tendrá la tarea de desarrollar los mecanismos necesarios para la efectiva implementación de los juicios por jurados. Se enfocarán en delitos específicos como homicidios calificados, abusos sexuales con resultado de muerte, robos calificados por homicidio y delitos cometidos por personal policial o penitenciario en situaciones de enfrentamiento, incluso fuera de servicio.
Además de definir los aspectos operativos y logísticos, uno de los principales retos será la conformación de los listados de ciudadanos elegibles para ser parte del jurado. Para ello, se realizarán sorteos públicos a partir de los cuales se seleccionará a los integrantes del jurado, garantizando un proceso transparente y democrático. Este sistema busca no solo asegurar un juicio justo para el acusado sino también promover una mayor implicación de la comunidad en la justicia penal.
La participación ciudadana en el proceso judicial mediante los juicios por jurados conlleva también un esfuerzo significativo en materia de capacitación y sensibilización de la población. Será fundamental informar adecuadamente a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones dentro de este nuevo marco legal, así como sobre el funcionamiento y la importancia del sistema de juicio por jurados. Se espera que esta iniciativa fomente una mayor confianza en el sistema judicial y contribuya a una percepción de mayor justicia y equidad en la resolución de casos penales.
La iniciativa se encuentra en sus primeras etapas de implementación y aún quedan muchos detalles por definir, incluyendo la reglamentación específica de ciertos aspectos de la ley y la logística para la selección y formación de los jurados. Sin embargo, la voluntad política y el compromiso institucional hacia este cambio son claros. Se anticipa que los primeros juicios por jurados podrían llevarse a cabo una vez establecidos todos los mecanismos necesarios y después de un período inicial de pruebas y ajustes. Este es un paso trascendental hacia la modernización del sistema judicial y la promoción de una justicia más participativa y representativa.
