El sindicato de Camioneros defiende su posición, argumentando que el acuerdo salarial no excede la inflación y que están protegidos por la ley para convocar a un paro. Sin embargo, desde el gobierno se critica esta postura, calificándola de “patoteada” y amenazando con tomar medidas necesarias ante cualquier acción que consideren inapropiada.
Esta confrontación se produce en un contexto más amplio de tensiones entre el gobierno y varios sectores sindicales, con la posibilidad latente de un paro general. La decisión del gobierno de no homologar el acuerdo paritario de Camioneros refleja una postura firme en materia económica, priorizando el control de la inflación y la contención del gasto público.