La sesión de diálogo tenía como objetivo principal abordar la discrepancia salarial que ha llevado a una retención de tareas por parte de los choferes. Este paro ha resultado en la paralización de aproximadamente 70 líneas de colectivos, dejando a una gran parte de la población sin acceso a este esencial servicio de transporte. La UTA, respaldada por el reclamo de un ajuste salarial acordado previamente en las negociaciones paritarias, argumenta que la falta de cumplimiento de estos acuerdos por parte de las empresas es la causa directa del paro.
Por su parte, los empresarios, representados por voceros de distintas cámaras, señalan que la demanda salarial de la UTA, que implica un incremento aproximado de 250 mil pesos por trabajador, es insostenible bajo las actuales condiciones económicas. Argumentan que la diferencia salarial acumulada, que afecta a cerca de 50 mil trabajadores, representa una carga financiera que el sector no está en capacidad de soportar sin una intervención estatal en forma de subsidios adicionales.
Luciano Fusaro, en representación de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), ha adelantado la solicitud de una tregua, enfatizando la necesidad de un diálogo abierto y constructivo. La posición de los empresarios es que cualquier aumento tarifario derivado del ajuste salarial debería ser compensado por el Estado, ya sea a través de tarifas ajustadas o mediante un aumento en los subsidios al transporte, para no trasladar la carga financiera directamente a los usuarios.
El secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, ha calificado el paro de “extorsivo”, subrayando que las demandas actuales de la UTA no fueron acordadas en las negociaciones paritarias y, por lo tanto, no poseen un carácter obligatorio. Mogetta también confirmó que el Gobierno está realizando controles y aplicando sanciones a las empresas que no prestan servicios, en un esfuerzo por mitigar el impacto del paro en los usuarios del transporte público.
La situación del transporte en el AMBA sigue siendo crítica, con más de 140 líneas de colectivos fuera de servicio y miles de usuarios afectados. La reunión entre el Gobierno, la UTA y los empresarios marca un punto de inflexión en la búsqueda de soluciones a este conflicto, que tiene no solo implicancias económicas sino también sociales, afectando el día a día de millones de argentinos. La comunidad espera ansiosa una resolución que ponga fin al paro y restaure la normalidad en el sistema de transporte público.