Los jueces, entre ellos Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ángela Ledesma, concluyeron que el atentado tuvo motivaciones políticas y estratégicas por parte de Irán, siendo ejecutado por la organización terrorista Hezbolá. Este fallo abre la posibilidad para que Argentina demande formalmente a Irán, que se ha negado a colaborar con la justicia durante décadas.
El tribunal también destacó la necesidad de reformas legales para permitir el juicio en ausencia de los acusados que se encuentran protegidos en su país. La investigación judicial sobre este atentado ha sido una de las más complejas en la historia argentina, con implicaciones políticas y judiciales de gran envergadura.
El fallo es un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, así como en la lucha contra el terrorismo a nivel internacional. Sin embargo, el hecho de que el atentado aún permanezca impune refleja los desafíos persistentes en el sistema judicial argentino y la necesidad de continuar trabajando en la búsqueda de la verdad y la justicia.
Este acontecimiento recuerda la importancia de mantener la vigilancia y la preparación del Estado frente a amenazas terroristas similares en el futuro, con el objetivo de prevenir nuevos ataques y proteger la seguridad de la población. La decisión del tribunal refuerza el compromiso de Argentina con la defensa de los derechos humanos y el combate contra el terrorismo internacional.
Después de años de investigaciones y procesos judiciales, este fallo representa un avance significativo en el camino hacia la verdad y la justicia para las víctimas del atentado a la AMIA, así como un mensaje claro sobre la responsabilidad de los perpetradores y la necesidad de rendición de cuentas en casos de terrorismo de esta magnitud.
