La audiencia imputativa reveló detalles perturbadores sobre la mecánica de estos crímenes. Alejandro Núñez, apodado Chucky Monedita, preso en Piñero, se identificó como el cerebro detrás de los homicidios. Utilizó a su pareja, conocida como “La Doña” y actualmente en prisión domiciliaria, para contratar a los sicarios, todos menores de edad y por ende inimputables. Este meticuloso plan involucró a jóvenes de bandas locales, específicamente de la zona de Santa Lucía, evidenciando una red de complicidades que se extiende más allá de los muros del penal.
El proceso judicial sacó a la luz la participación de menores en estos actos violentos, lo que aumenta la preocupación sobre la influencia del crimen organizado en adolescentes. Estos jóvenes, atraídos por sumas significativas de dinero, se ven arrastrados hacia ciclos de violencia y criminalidad que parecen no tener fin. La comunidad rosarina se encuentra en estado de alerta máxima, temiendo que la espiral de violencia continúe escalando.
Para combatir esta oleada de crimen organizado, las autoridades han incrementado las medidas de seguridad y están trabajando en conjunto con la policía local y fuerzas federales. El Ministro de Seguridad de la provincia, junto con la jefa de los fiscales de Santa Fe, están redoblando esfuerzos para desmantelar las redes que perpetúan estos crímenes y para proteger a los más vulnerables de ser cooptados por estas bandas criminales.
En este contexto de profunda inquietud social, los residentes de Rosario claman por justicia y medidas efectivas que restauren la paz y la seguridad en sus calles. Este caso ha reavivado el debate sobre la reforma del sistema penitenciario y la necesidad de abordar las causas profundas que permiten que el crimen organizado florezca dentro y fuera de las prisiones. La sociedad argentina observa con expectativa cómo se desarrollarán los acontecimientos, esperando que se haga justicia y que se tomen medidas concretas para prevenir futuros actos de violencia tan devastadores.
