Además, se informó que el stock de compromisos no pagados por el Estado durante este período alcanzó los $1,5 billones. Esta cifra resalta la estrategia del gobierno de posponer pagos para mejorar artificialmente sus cifras de superávit, una práctica que ha sido cuestionada por economistas y observadores del mercado. A pesar de estas maniobras, el Ministerio de Economía asegura que las acciones son parte de un plan económico sostenible y que se han conseguido avances significativos en la reducción de gastos.
El superávit financiero del primer trimestre, que incluye los intereses, fue de aproximadamente $1,3 billones, lo que representa el 0,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Este es el primer vez desde 2008 que el Sector Público Nacional registra un excedente financiero en tres meses consecutivos. Estos datos fueron destacados como un logro en la reciente cadena nacional del presidente, quien enfatizó la consolidación de una política fiscal prudente que incluso supera las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Sin embargo, la situación fiscal del país sigue siendo complicada. Los ingresos totales de marzo mostraron un aumento del 254,5% interanual, llegando a $6.1 billones. Esta subida está alineada con la inflación elevada que afecta al país y que distorsiona las comparativas anuales. En cuanto a los gastos, estos ascendieron a $5.5 billones, con un incremento del 177% respecto al mismo mes del año anterior. Dentro de estos gastos, las prestaciones de la Seguridad Social tuvieron un aumento significativo debido a la aplicación de la fórmula de movilidad previsional.
En este contexto, la gestión económica del gobierno sigue bajo la lupa, especialmente con las próximas negociaciones con el FMI y otros acreedores internacionales. La capacidad del gobierno para manejar su deuda flotante, mientras intenta cumplir con sus compromisos internacionales y mantener la estabilidad fiscal, será crucial para la confianza de los inversores y la salud económica del país. El desafío continúa siendo cómo balancear estas necesidades con la demanda pública de servicios y asistencia financiera, especialmente en un entorno de inflación alta y crecimiento económico incierto.
