La Secretaría de Bioeconomía argumenta que esta medida permitirá que los operadores se dediquen a actividades más productivas, contribuyendo así a una mayor eficiencia en el sector. Este cambio es parte de una serie de reformas destinadas a mejorar la competitividad y la transparencia en la industria cárnica.
Hasta ahora, los frigoríficos estaban obligados a informar periódicamente el precio de compra de la hacienda bajo las resoluciones 1154/06, 1486/06 y 2296/07. Estos informes eran utilizados por el gobierno para monitorear y controlar la estabilidad de los precios en el mercado interno.
La eliminación de esta obligación ha sido recibida con opiniones divididas. Algunos sectores celebran la reducción de burocracia, mientras que otros expresan preocupación por la posible falta de transparencia en la formación de precios en el mercado de carnes.
Con esta medida, el Gobierno busca adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y aliviar algunas de las presiones administrativas que enfrentan los frigoríficos. Sin embargo, será esencial monitorear los efectos de esta decisión en el precio final al consumidor y en la estabilidad del mercado cárnico.
