El fiscal federal Ricardo Toranzos ha confirmado la competencia del fuero federal para tratar este caso, considerando cumplidos los requisitos para la procedencia de la acción colectiva. Esta medida busca obtener una cautelar de no innovar, instando a Edesa, la empresa distribuidora local, a abstenerse de aplicar los aumentos autorizados hasta que se resuelva la cuestión constitucional de fondo.
El recurso legal sostiene que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) utilizado para establecer los aumentos constituye un uso inapropiado de esta herramienta gubernamental, pretendiendo instaurar una política permanente de eliminación de subsidios sin seguir los procedimientos legales adecuados. Esta acción ha sido calificada por los demandantes como un acto inconstitucional que afecta directamente a los derechos y garantías de los integrantes de la cámara.
La presentación de este amparo ha generado un importante eco en el sector hotelero y gastronómico de Salta, que ve en estos aumentos una amenaza directa a su viabilidad económica. Esta situación ha despertado preocupación no solo en Salta sino en otras regiones del país, donde sectores similares podrían verse igualmente afectados.
Este caso subraya la tensión entre las necesidades fiscales del gobierno y los derechos económicos de los sectores empresariales, especialmente en tiempos de crisis económica. La decisión final sobre este amparo podría sentar un precedente significativo respecto a la aplicación de políticas económicas a través de decretos y la protección de los derechos económicos de las empresas.
