El área de auditoría funcionará en colaboración con la Sindicatura General de la Nación, que contribuirá con su experiencia en fiscalización para mejorar los procesos internos de las universidades. Esta medida facilitará la detección y corrección de posibles irregularidades financieras.
Este plan de auditoría se implementará gradualmente, empezando con las universidades que voluntariamente se adhieran al acuerdo. Se espera que los primeros informes de auditoría estén disponibles dentro de tres meses, proporcionando un análisis inicial sobre la gestión de los recursos.
A los seis meses, se anticipa haber completado el proceso de auditoría para todas las instituciones participantes. Los resultados serán clave para ajustar políticas y asegurar que los fondos públicos se utilicen de manera adecuada y justa.
La creación de esta área de auditoría subraya el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas y la administración responsable en el sector educativo. Es un paso significativo hacia la mejora continua de la educación superior pública en el país, garantizando que las inversiones contribuyan al desarrollo académico y a la formación de los estudiantes.
