Durante las exposiciones, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez criticó duramente la ley, señalando que implica una reforma constitucional encubierta que podría cambiar el orden socioeconómico del país. Este argumento fue respaldado por otros expositores que también expresaron preocupaciones sobre las facultades delegadas y la falta de controles legislativos adecuados.
El bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un conjunto de modificaciones como condición para apoyar el proyecto. Estas propuestas buscan ajustes en diversas áreas del paquete fiscal y de la Ley de Bases, con el objetivo de alcanzar un consenso más amplio y garantizar una mayor transparencia y control parlamentario.
Entre las críticas más destacadas, Hugo Yasky, líder de la CTA, señaló que la reforma laboral incluida en la ley no respeta los principios constitucionales, y Héctor Daer de la CGT cuestionó la flexibilización laboral y la creación de figuras como la del colaborador, que considera perjudiciales para los trabajadores.
El oficialismo enfrenta ahora el desafío de integrar estas modificaciones y críticas en un dictamen que pueda ser aceptado por la mayoría, en un contexto donde el tiempo apremia y la oposición se mantiene firme en sus demandas de mayor claridad y justificación de los cambios propuestos.
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