Entre los 28 imputados, destacan figuras del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Estas organizaciones, que presuntamente exigían a los beneficiarios participar en marchas y protestas, están vinculadas políticamente al expresidente Alberto Fernández.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó allanamientos para recabar pruebas, pero el juez Casanello prefirió otras medidas investigativas, incluyendo el testimonio de testigos bajo identidad reservada para fortalecer el caso.
El fiscal Guillermo Marijuan comentó que los líderes piqueteros retenían parte de los beneficios sociales a cambio de participación en protestas, afectando a aproximadamente 3 mil beneficiarios de pensiones universales para adultos mayores.
Por otro lado, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, negó las acusaciones y acusó al gobierno de Javier Milei de utilizar tácticas ilegales en los allanamientos. Afirmó que estas denuncias no son válidas y que no ha sido llamado a declarar debido a su inocencia.
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