La declaración de emergencia otorgaría al gobernador facultades para definir un nuevo régimen tarifario del servicio público y elaborar un marco regulatorio antes de finalizar el estado de emergencia. Además, permitirá discutir la situación financiera de la empresa, su personal y su figura jurídica.
El Poder Ejecutivo sostiene que a diciembre de dos mil veintitrés, Aguas Santafesinas proyectaba un déficit operativo cercano al noventa por ciento, obligando al Tesoro Provincial a cubrir los costos con partidas extraordinarias y a autorizar aumentos tarifarios solicitados en el último trimestre del año.
Desde dos mil veinte, los ingresos genuinos de la empresa han disminuido drásticamente, invirtiendo la participación de recursos propios y aportes del Tesoro Provincial, lo que llevó a un estado de déficit y desinversión sin precedentes. El retraso tarifario era cercano al seiscientos por ciento en el ámbito de prestación y superior al dos mil por ciento en el sistema de grandes acueductos.
Para revertir esta situación, el gobierno solicita herramientas extraordinarias para regularizar el vínculo jurídico de la empresa con el Estado, incluyendo un nuevo régimen tarifario y la creación del Régimen Provincial de Operación y Administración de Acueductos, que asegure el cobro por la venta de agua en bloque a los prestadores.
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