La destrucción también afectó a 292 pichones y huevos de pingüinos, además de 2000 metros cuadrados de vegetación nativa. Las imágenes satelitales y los peritajes independientes son pruebas clave en el caso. La defensa de La Regina solicitó el sobreseimiento, alegando falta de pruebas suficientes. Sin embargo, la fiscalía y la querella sostienen que el daño ambiental está acreditado. Este juicio es un paso importante para la concientización y la protección de la biodiversidad en Argentina.
El juicio no solo aborda la crueldad animal, sino que también abre el debate sobre la creación de un Código Penal con una mirada ecocéntrica. Actualmente, varios países han comenzado a legislar el ecocidio, y Argentina busca seguir este camino. La implementación de leyes más severas contra los delitos ambientales es crucial para prevenir futuros ecocidios y garantizar la conservación de los ecosistemas.
Este caso es un avance significativo para la justicia ambiental en Argentina, y su resolución podría influir en futuras políticas de conservación. La comunidad ambientalista espera que este juicio marque un punto de inflexión en la lucha contra la destrucción del medio ambiente y la protección de la fauna.
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