Las organizaciones, apoyadas por abogados como María Eugenia Jamarlli y Alberto Nallar, invocan artículos de la Constitución Nacional para fundamentar sus críticas, destacando que estos acuerdos podrían implicar responsabilidades políticas, civiles y penales. Entre los puntos objetados del pacto se encuentran la inviolabilidad de la propiedad privada y la reducción del gasto público.
Silvia Valdiviezo, Zulema Cussi y Rodrigo Aguiar, referentes de distintas agrupaciones, acusan a Milei de intentar imponer una ideología anarco-capitalista, perjudicando a los sectores más vulnerables. Critican además la reforma tributaria, laboral y previsional que forman parte del pacto.
Estas advertencias reflejan la tensión política en Jujuy y la preocupación de ciertos sectores sobre las políticas que el gobierno provincial podría adoptar en consonancia con la administración nacional liderada por Milei.
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