El dictamen mayoritario, promovido por Unión por la Patria, propone la reinstauración del FONID de manera retroactiva desde enero de dos mil veinticuatro y su extensión hasta diciembre de dos mil veintiocho. Este dictamen también delega la asignación de fondos al Consejo Federal de Educación, retirando esta responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Por otro lado, la UCR incluyó la declaración de la educación como servicio esencial en su dictamen, lo cual generó un fuerte reproche por parte de la Coalición Cívica. Esta inclusión fue vista como un intento oportunista de cambiar el enfoque de la discusión.
El debate también reveló diferencias sobre el impacto fiscal del FONID, estimado entre uno y un billón y medio de pesos, lo que llevó a propuestas de estudiar más a fondo antes de votar. Sin embargo, la mayoría de los diputados rechazaron posponer la decisión.
Finalmente, varios bloques presentaron sus propios proyectos, cada uno con enfoques distintos sobre cómo y por cuánto tiempo reinstaurar el FONID, reflejando la complejidad y diversidad de opiniones en el Congreso respecto a esta medida.
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