El presidente Luis Arce calificó el evento como un intento de golpe de Estado y recibió el apoyo de diversos países que condenaron la situación. Este incidente ha generado una serie de reacciones internacionales y ha puesto en alerta a la comunidad global sobre la estabilidad política en Bolivia.
Los militares involucrados están siendo investigados y se espera que enfrenten cargos graves por su participación en los hechos. La situación ha sido un recordatorio de las tensiones políticas existentes en Bolivia y la fragilidad de su democracia.
El arresto de los militares ha sido visto como una medida necesaria para mantener el orden y evitar futuros intentos de desestabilización. Mientras tanto, el gobierno boliviano se mantiene firme en su postura de defender la democracia y la integridad de sus instituciones.
La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos en Bolivia y ha expresado su solidaridad con el gobierno de Arce, subrayando la importancia de la estabilidad democrática en la región.
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