La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos ha clasificado el sistema como “altamente deficitario” y ha recomendado diversas acciones para mejorar su sostenibilidad financiera. Estas incluyen la aplicación de ciertas disposiciones legales que anteriormente no se habían implementado adecuadamente, como los aportes adicionales de distintos organismos y regímenes especiales.
El sindicato Agmer ha expresado una fuerte oposición a la reforma, argumentando que perjudica a los trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza y criticando la comparación con el sistema nacional de jubilaciones. Afirman que los trabajadores no son responsables del déficit y que la medida es un intento de “saqueo del bolsillo de los que menos tienen”.
La administración provincial defiende la reforma como una medida necesaria para corregir el desbalance financiero y garantizar la viabilidad del sistema de jubilaciones en el futuro. La implementación de estos cambios busca estabilizar el déficit estructural y asegurar que las prestaciones puedan mantenerse para los jubilados actuales y futuros.
El debate continúa en la esfera pública, con críticas y defensas de la reforma reflejando las diferentes perspectivas sobre la mejor manera de manejar la sostenibilidad del sistema previsional. Mientras tanto, los trabajadores estatales deberán adaptarse a los nuevos porcentajes de aporte a partir de este mes.
