Stefani: “Tierra del Fuego no tiene ninguna chance de pagar ganancias”

El diputado nacional Héctor Stefani ha expresado su firme posición sobre la exención del impuesto a las ganancias en Tierra del Fuego, destacando que la región no está en condiciones de asumir este tributo. Según Stefani, la Ley 19640, que exime a los residentes de Tierra del Fuego del pago de ganancias y bienes personales, es crucial para la economía local y debe mantenerse para proteger a los fueguinos.

Stefani ha señalado que la Ley Bases recientemente aprobada, junto con el paquete fiscal, otorga al presidente facultades necesarias para una mejor gobernabilidad. Esta ley, aunque reducida en comparación con su versión original, es vista como una herramienta esencial para reactivar la economía del país. Stefani confía en que con estas herramientas, el gobierno podrá equilibrar las cuentas fiscales y fomentar la creación de empleo.

El diputado ha recordado que en otras administraciones también se han aprobado múltiples emergencias legislativas para facilitar la gestión gubernamental. La reciente aprobación del paquete de leyes es vista como un paso coherente y necesario para dotar al ejecutivo de los instrumentos necesarios para implementar políticas efectivas. Stefani destaca la importancia de estas leyes para la reactivación económica y la generación de empleo.

En cuanto a la aplicación de impuestos, Stefani ha comparado la situación de Argentina con otros países, subrayando que en la mayoría de las naciones desarrolladas, el impuesto a las ganancias es una fuente significativa de ingresos para el Estado. Sin embargo, la situación en Tierra del Fuego es distinta debido a sus características particulares y su ubicación geográfica, lo que justifica la exención vigente.

Finalmente, Stefani ha mencionado la necesidad de revisar y ajustar ciertas políticas fiscales, especialmente en sectores específicos como el petrolero y el personal embarcado en la Patagonia. Este enfoque permitirá un tratamiento más justo y adecuado para los trabajadores que enfrentan condiciones laborales difíciles y particulares. La discusión y ajustes en el Congreso serán cruciales para adaptar estas políticas a las realidades locales.

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