El gobierno ha anunciado la implementación de 6,000 nuevas cesantías en el sector estatal, una medida que ha generado una rápida reacción por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Los empleados afectados y los sindicatos han expresado su descontento, organizando movilizaciones y protestas en diversas ciudades. Según el gobierno, esta decisión forma parte de un plan de ajuste para reducir el gasto público. Sin embargo, los críticos argumentan que afectará negativamente los servicios públicos y los derechos laborales.