Desarrollo: El gobierno de Javier Milei ha anunciado la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que se dedicará a vigilar redes sociales y otras plataformas en internet para predecir delitos. Esta iniciativa empleará algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos y detectar posibles amenazas, movimientos de grupos delictivos y disturbios, y permitirá identificar personas buscadas mediante reconocimiento facial en tiempo real. La unidad estará integrada por policías y agentes de seguridad y contará con capacidades para patrullaje aéreo mediante drones y vigilancia en espacios virtuales.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que la aplicación de inteligencia artificial mejorará la eficiencia de las fuerzas policiales, permitiendo respuestas más rápidas y precisas ante amenazas. Sin embargo, diversos expertos y organizaciones civiles han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la privacidad y libertad de expresión. Martín Becerra, investigador en medios de comunicación y tecnologías de la información, señaló que el ciberpatrullaje puede contradecir varios artículos de la Constitución Nacional y calificó la medida como antiliberal.
Natalia Zuazo, especialista en políticas digitales, advirtió que la falta de control y la participación de múltiples fuerzas de seguridad con acceso a la información recabada podría resultar en abusos y violaciones de derechos. Además, el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo indicó que prácticas similares en otros países han demostrado una falta de transparencia y rendición de cuentas.
La resolución que establece la nueva unidad justifica la medida mediante comparaciones con experiencias internacionales, pero algunos críticos cuestionan la aplicabilidad de estas comparaciones a la realidad argentina. En resumen, la iniciativa del gobierno de Milei para utilizar IA en la prevención del delito ha generado un debate significativo sobre su impacto en los derechos civiles y la efectividad de tales tecnologías.
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