La flexibilización de la normativa de protección de bosques ha agravado la situación, permitiendo un desmonte descontrolado y poniendo en peligro la biodiversidad y las comunidades locales. Greenpeace ha denunciado que la mayoría de estos desmontes son ilegales y que existe una connivencia entre funcionarios y empresarios agropecuarios. La organización también advierte sobre el impacto de la deforestación en la crisis climática, provocando inundaciones, sequías y la desaparición de especies en peligro de extinción.
La situación en Santiago del Estero es especialmente crítica, con el gobierno provincial autorizando desmontes en áreas no permitidas para beneficio de empresas ganaderas. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas ha denunciado penalmente a funcionarios y empresarios involucrados en estos desmontes ilegales, solicitando medidas cautelares urgentes para detener la destrucción de bosques nativos. A nivel nacional, la situación refleja una falta de actualización y cumplimiento de los ordenamientos territoriales de bosque nativo en la mayoría de las provincias.
Greenpeace y otras organizaciones socioambientales continúan exigiendo políticas gubernamentales efectivas para proteger los bosques y detener la deforestación. La situación en el Gran Chaco Americano es un claro ejemplo de los desafíos ambientales y sociales que enfrenta Argentina, y la necesidad urgente de tomar medidas para preservar uno de los ecosistemas más importantes de Sudamérica.
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