Con perspectivas favorables, la oposición de la Cámara de Diputados ajustaba hasta última hora las clavijas para sentar mañana en el recinto a un mínimo de 129 diputados en pos de abrir la sesión especial que tiene en la mira los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Por su parte, el oficialismo está enfocado de lleno en la faena de operar a través de gobernadores para “bajar” diputados y que a los propulsores de la sesión se le escurra de las manos el quórum.
La disputa estaba aún abierta, pero la balanza se inclinaba a favor de la oposición, ya que según pudo saber Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias del bloque radical, ese espacio aportaría “entre 15 y 20 diputados” para el quórum.
La sesión fue pedida por Encuentro Federal (16 integrantes), y también por la Coalición Cívica (seis miembros) y siete diputados díscolos de la UCR, que responden en mayor o menor medida a Facundo Manes.
El bloque presidido por Rodrigo de Loredo debe decidir si colaborar con el oficialismo para sacarlo del apuro en un tema que no le interesa que se eche luz y ni que escale en la opinión pública, o bien plegarse a la jugada del resto de la oposición para asestarle un mazazo demoledor.
La Libertad Avanza ya viene herida en este tema luego de perder la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a manos del senador radical Martín Lousteau, en un artero movimiento de pinzas que el economista elucubró y ejecutó con el kirchnerismo.
En este tema, como en casi todos los demás, la UCR tiene posiciones contrapuestas. El titular de la bancada y quienes siguen su línea en el bloque eran proclives a no agitar las aguas con el oficialismo, especialmente luego de que quedara constituida la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Pero paradójicamente quien fue proclamado este martes al frente de ese codiciado cuerpo, el senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, pidió a los diputados de la UCR que den quórum y bajen al recinto para dar el debate.
“Como presidente de la UCR me gustaría ver un bloque radical que baje, y que de el debate, y que vote en contra de este DNU”, expresó sin contemplaciones.
Estas declaraciones dan por sentado que a los siete diputados radicales que firmaron la convocatoria a la sesión se sumarían también los legisladores de la corriente “Evolución” que tiene a Lousteau como máximo referente. E incluso podrían sentarse en las bancas algunos más.
“La mayoría se inclina por dar quórum, aunque se van a respetar distintas posiciones que se han expresado”, reconocieron fuentes cercanas a De Loredo.
El apoyo de Unión por la Patria, la bancada más numerosa con 99 integrantes, y de los cinco diputados de izquierda, permite pensar que se podría sobrepasar el umbral mínimo para habilitar el debate.
El siguiente paso será juntar el número para rechazar el DNU en la votación, un objetivo perfectamente alcanzable, ya que es de suponer que todos los diputados que dieron quórum van a votar luego a favor de declarar nulo el decreto.
Incluso es posible imaginar que se agregue algún voto adicional de diputados que pensaban que era más prolijo encaminar el debate en la bicameral de Inteligencia.
“De conseguirse el quórum, que creo ya a esta altura es altamente probable, la posición también mayoritaria, aún en mayor número a la de dar quórum, es de rechazo al DNU, en consonancia a los argumentos de fondo expresados en el comunicado que emitiera el bloque”, ratificaron las fuentes consultadas del radicalismo.
Para poder voltear el decreto, la oposición necesitará no solamente una mayoría simple de votos en Diputados sino además otra mayoría simple en el Senado. Con que una sola de las dos cámaras avale el decreto, será suficiente para que mantenga su plena vigencia.
Originalmente, la convocatoria al recinto había sido pedida para el pasado jueves 15 de agosto, el primer día hábil para darle un tratamiento expreso al decreto 656/24 (habiendo transcurrido diez días desde la publicación del DNU en el Boletín Oficial), pero la maratónica sesión del miércoles, que se extendió hasta la mañana del día siguiente, impidió que dieran los tiempos.
Los mismos convocantes retiraron la convocatoria y la postergaron, luego de que fracasara un intento mocionado por Nicolás Massot (Encuentro Federal) para interrumpir la sesión del miércoles pasado con un cuarto intermedio.
Tampoco prosperó una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al temario de esa sesión los proyectos de anulación del decreto.
De todos modos, en esa votación se contabilizaron 135 votos afirmativos, lo cual marca un precedente sólido a la hora de pensar cuál podría ser el desenlace en la sesión de este miércoles.
En el temario de la sesión figura el proyecto de la Coalición Cívica para declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” al DNU 656, y también una iniciativa encabezada por Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) de rechazo de la medida en su totalidad.
Este decreto ingresó por mesa de entradas el pasado 1 de agosto y pese al intento de la oposición, el oficialismo evitó que se tratara su validez o invalidez en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se desarrolló una semana después.
Por su parte, el oficialismo está enfocado de lleno en la faena de operar a través de gobernadores para “bajar” diputados y que a los propulsores de la sesión se le escurra de las manos el quórum.
La disputa estaba aún abierta, pero la balanza se inclinaba a favor de la oposición, ya que según pudo saber Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias del bloque radical, ese espacio aportaría “entre 15 y 20 diputados” para el quórum.
La sesión fue pedida por Encuentro Federal (16 integrantes), y también por la Coalición Cívica (seis miembros) y siete diputados díscolos de la UCR, que responden en mayor o menor medida a Facundo Manes.
El bloque presidido por Rodrigo de Loredo debe decidir si colaborar con el oficialismo para sacarlo del apuro en un tema que no le interesa que se eche luz y ni que escale en la opinión pública, o bien plegarse a la jugada del resto de la oposición para asestarle un mazazo demoledor.
La Libertad Avanza ya viene herida en este tema luego de perder la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia a manos del senador radical Martín Lousteau, en un artero movimiento de pinzas que el economista elucubró y ejecutó con el kirchnerismo.
En este tema, como en casi todos los demás, la UCR tiene posiciones contrapuestas. El titular de la bancada y quienes siguen su línea en el bloque eran proclives a no agitar las aguas con el oficialismo, especialmente luego de que quedara constituida la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
Pero paradójicamente quien fue proclamado este martes al frente de ese codiciado cuerpo, el senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, pidió a los diputados de la UCR que den quórum y bajen al recinto para dar el debate.
“Como presidente de la UCR me gustaría ver un bloque radical que baje, y que de el debate, y que vote en contra de este DNU”, expresó sin contemplaciones.
Estas declaraciones dan por sentado que a los siete diputados radicales que firmaron la convocatoria a la sesión se sumarían también los legisladores de la corriente “Evolución” que tiene a Lousteau como máximo referente. E incluso podrían sentarse en las bancas algunos más.
“La mayoría se inclina por dar quórum, aunque se van a respetar distintas posiciones que se han expresado”, reconocieron fuentes cercanas a De Loredo.
El apoyo de Unión por la Patria, la bancada más numerosa con 99 integrantes, y de los cinco diputados de izquierda, permite pensar que se podría sobrepasar el umbral mínimo para habilitar el debate.
El siguiente paso será juntar el número para rechazar el DNU en la votación, un objetivo perfectamente alcanzable, ya que es de suponer que todos los diputados que dieron quórum van a votar luego a favor de declarar nulo el decreto.
Incluso es posible imaginar que se agregue algún voto adicional de diputados que pensaban que era más prolijo encaminar el debate en la bicameral de Inteligencia.
“De conseguirse el quórum, que creo ya a esta altura es altamente probable, la posición también mayoritaria, aún en mayor número a la de dar quórum, es de rechazo al DNU, en consonancia a los argumentos de fondo expresados en el comunicado que emitiera el bloque”, ratificaron las fuentes consultadas del radicalismo.
Para poder voltear el decreto, la oposición necesitará no solamente una mayoría simple de votos en Diputados sino además otra mayoría simple en el Senado. Con que una sola de las dos cámaras avale el decreto, será suficiente para que mantenga su plena vigencia.
Originalmente, la convocatoria al recinto había sido pedida para el pasado jueves 15 de agosto, el primer día hábil para darle un tratamiento expreso al decreto 656/24 (habiendo transcurrido diez días desde la publicación del DNU en el Boletín Oficial), pero la maratónica sesión del miércoles, que se extendió hasta la mañana del día siguiente, impidió que dieran los tiempos.
Los mismos convocantes retiraron la convocatoria y la postergaron, luego de que fracasara un intento mocionado por Nicolás Massot (Encuentro Federal) para interrumpir la sesión del miércoles pasado con un cuarto intermedio.
Tampoco prosperó una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al temario de esa sesión los proyectos de anulación del decreto.
De todos modos, en esa votación se contabilizaron 135 votos afirmativos, lo cual marca un precedente sólido a la hora de pensar cuál podría ser el desenlace en la sesión de este miércoles.
En el temario de la sesión figura el proyecto de la Coalición Cívica para declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” al DNU 656, y también una iniciativa encabezada por Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) de rechazo de la medida en su totalidad.
Este decreto ingresó por mesa de entradas el pasado 1 de agosto y pese al intento de la oposición, el oficialismo evitó que se tratara su validez o invalidez en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que se desarrolló una semana después.
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