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Este viernes por la noche, las fuerzas de seguridad rodearon la residencia, donde siguen asilados seis dirigentes opositores a Maduro. Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV) y uno de los refugiados, denunció la situación a través de su cuenta en la red social X. “Patrullas del SEBIN y del DAET, junto a funcionarios encapuchados y armados, rodean y asedian la Residencia de Argentina en Caracas”, destacó.
También cortaron el suministro eléctrico de la sede diplomática, según denunció Omar González Moreno, miembro de la dirección nacional del partido de Machado. “Le cortaron el servicio eléctrico a la embajada argentina en Caracas, que en estos momentos está asediada por agentes del SEBIN y demás cuerpos de seguridad del estado”, expresó en X.
Además de Urruchurtu se encuentran allí Magalli Meda, quien fue la jefa de campaña para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), el principal bloque opositor.
Los seis opositores se refugiaron luego de que la Fiscalía local los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.
Desde el gobierno de Maduro expresaron, entre otros argumentos, que la medida fue dispuesta por sospechas de actividades terroristas. “Venezuela ha tomado la decisión de revocar, de manera inmediata, el beneplácito otorgado al Gobierno de Brasil para ejercer la representación de los intereses de Argentina y sus nacionales en territorio venezolano, así como la custodia de los locales de la misión diplomática, incluido sus bienes y archivos”, indicó el texto divulgado por el canciller venezolano, Yván Gil, respecto a la decisión sobre la sede.
Y agregaron: “Venezuela se ve obligada a tomar esta decisión motivada a las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones de esa misión diplomática para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio (…) por parte de los prófugos de la justicia venezolana que permanecen dentro de ella”.
El asedio a la embajada ocurre poco después de que la Cancillería de Argentina instara a la Corte Penal Internacional (CPI) a emitir una orden de detención contra Maduro y “otros cabecillas del régimen”, tras los comicios presidenciales del 28 de julio.
El pedido fue hecho este 6 de septiembre por la Cancillería que encabeza Diana Mondino donde se hizo foco en las irregularidades de los comicios del 28 de julio y “la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad”.
En el texto consideraron que “la evidencia recogida en el curso de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y los hechos ocurridos con posterioridad a los comicios presidenciales del 28 de julio son elementos suficientes para considerar el mérito del dictado de las mencionadas órdenes de detención”.
Esta acción del Gobierno argentino tuvo lugar después de haber pedido semanas atrás, junto a otros países, el cese de la represión a los ciudadanos venezolanos que se desató posteriormente a que el Consejo Nacional Electoral le adjudicara a Maduro la victoria con poco más del 51,2% frente al 44,2% de su principal rival, Edmundo González Urrutia, por quien pesa una orden de captura desde el lunes último.
El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino también repudió la orden de detención que dictó el chavismo contra González Urrutia. “La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas”, remarca el texto. La orden de aprehensión contra ex presidencialista venezolano es por la presunta comisión de delitos de “conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas”.
El 1 de agosto Brasil había asumido la custodia de la representación argentina luego de que Caracas rompiera relaciones con Buenos Aires. Días antes, el 29 de julio, la cancillería venezolana había notificado a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay que debían retirar a sus representaciones diplomáticas por sus posturas sobre las elecciones del domingo 28, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude.
Desde entonces, los resultados electorales han sido cuestionados por Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, que han pedido la verificación de los votos. El CNE hasta ahora no ha divulgado los escrutinios detallados, como indica la ley, tras argumentar un jaqueo.
La victoria de Maduro fue anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ambos señalados de servir al oficialismo. El anuncio de los resultados provocó protestas en todo el país con saldo de 27 muertes, 192 heridos y 2.400 detenidos.
NA / AFP / Gi
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