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La «Misión de establecimiento de hechos», creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, compuesta por 3 expertos independientes para investigar «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y de genero y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en Venezuela desde el 2014», presentó su informe anual en Ginebra. Se destaca el «crimen de lesa humanidad de persecución».
La definición del delito de «persecución» fue recogido por el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) de 1998, en el marco de la experiencia de la comunidad internacional, para proteger los derechos individuales y libertades publicas, definidos por la ONU después de la segunda guerra mundial. Se trata de la «persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, religiosos y de genero».
Integrada por Marta Valiñas (Portugal), Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina), esta Misión expuso la investigación de casos sucedidos en torno a los recientes comicios presidenciales, del 28 de julio pasado, generando «protestas postelectorales», que «fueron brutalmente reprimidas y dejaron un balance de 25 muertos y centenares de heridos y detenidos, en la que constituye una de las crisis de derechos humanos más agudas de la historia del país».
Habiendo trabajado «siguiendo los principios de independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, integridad y el principio de «no hacer daño», los expertos llevaron a cabo 366 entrevistas remotas o en persona», relacionadas con «la crisis postelectoral». Realizaron «4 misiones de investigación en 3 países», que se suponen de la región, mantenidos en el anonimato, sin olvidar «la cooperación prestada por las autoridades» de los mismos.
Revisaron «más de mil evidencias, incluidos testimonios, videos, audios, fotografías, documentos, denuncias, informes de organizaciones defensoras de derechos humanos, noticias periodísticas, provenientes tanto de fuentes abiertas como confidenciales», sin tener acceso a «expedientes judiciales». El informe no publica información «proporcionada por las fuentes cuando identificó riesgos de protección» para las mismas, o porque «muchos de sus familiares y testigos prefirieron no brindar testimonios a la Misión por temor a sufrir represalias».
El informe revela que «24 de las 25 muertes fueron causadas por herida de arma de fuego, la mayoría en el cuello o el tórax anterior o posterior, y una por golpes». Constata «la presencia de civiles armados disparando e interactuando con los cuerpos de seguridad o actuando en solitario». Recaba a su vez la presencia «de la Guardia Nacional Bolivariana» o de «la Policía Nacional Bolivariana», que hicieron uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, los expertos de la ONU consignan «3 detenciones cada semana», reprochándoles «conspiración». Se sumaron «ordenes de aprehensión contra otras 15 personas», de las cuales 8, «corresponden a militantes y dirigentes de “Vente Venezuela”», formación opositora al gobierno cuya líder es María Corina Machado. Al menos otros 6 de sus «colaboradores cercanos … recibieron asilo en la residencia del Embajador de Argentina en Caracas y, posteriormente, quedaron bajo protección de la embajada de Brasil».
«De las varias conspiraciones anunciadas por el Gobierno, la principal fue la operación «Brazalete Blanco», que llevó a la detención y procesamiento de decenas de personas. Una de ellas «es la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, arrestada en febrero de 2024». Otro de los implicados por el gobierno fue «el exteniente Ronald Ojeda, a quien secuestraron de su vivienda en Chile, el 21 de febrero de 2024 y su cadáver fue encontrado con signos de tortura tiempo después. La Fiscalía de Chile descartó que el secuestro de Ojeda tuviera carácter extorsivo».
Las «desapariciones forzadas de corta duración» constituyen otra de las técnicas represivas utilizadas por el gobierno venezolano desde el 2019, concretamente 29 casos verificados, mientras 27 de otros casos aguardan que la Misión profundice la investigación. A otros 13 detenidos el gobierno los presentó a la justicia en el plazo legal de 48 horas, tras negar a los familiares que los tenían bajo su custodia. Para la Misión, en «dichos casos, las autoridades jugaron con los limites legales y usaron subterfugios que son violatorios de los derechos de las personas detenidas».
Los expertos recibieron alegaciones de torturas en 7 casos, anteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024. Los hechos «incluyeron puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, y descargas eléctricas, incluidas en los genitales, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día». Al líder juvenil de «Bandera Roja», John Alvarez, lo sometieron a malos tratos, para que implicara «a lideres sindicales, políticos y periodistas en actos ilegales».
Altos cargos del gobierno venezolano son mencionados en el informe por diversas intervenciones en la escalada represiva, y en el plan de acoso y derribo de las fuerzas de oposición. Inicialmente el Consejo Electoral anunció el 28 de julio de 2024, la victoria de Nicolás Maduro, por 51% de los votos, contra el 44% de Edmundo Gonzalez Urrutia, quien debió postularse para reemplazar a la candidata original María Corina Machado, por inhabilitación para ejercer cargos públicos durante un periodo de 15 años, condena confirmada por el Tribunal Supremo en enero de 2024.
La victoria de Nicolas Maduro fue sin embargo pronunciada «sin que se publicaran los datos oficiales desagregados por mesa y centros de votación según las actas del escrutinio, tal como exige la legislación venezolana. Dos entidades independientes que observaron el proceso electoral a invitación del gobierno, cuestionaron la integridad del proceso, el Centro Carter y un panel de expertos la ONU. De inmediato, «decenas de países exigieron la publicación de las actas faltantes, y su verificación independiente. El 29 de julio de 2024, fueron expulsadas de Venezuela 7 delegaciones diplomáticas latinoamericanas».
«El 29 y 30 de julio se produjeron numerosas protestas ciudadanas en el Distrito Capital y en la mayoría de los Estados del país en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional electoral. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y 30 de julio de 2024, se llevaron a cabo 915 protestas en todo el país». Se desató en consecuencia una ola de represión, por parte de órganos de seguridad del Estado, que provocó «25 fallecidos y centenares de personas heridas y detenidas», que el gobierno bautizó «Operación Tun Tun».
El informe reproduce declaraciones del Presidente Nicolas Maduro, indicando que las detenciones de «terroristas» durante la coyuntura electoral llegaron a ser 2.229, actualizando la cifra anticipada por el Fiscal General, Tarek William Saab, de 1.062, quien por otra parte «dotó de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de los derechos humanos durante este periodo». El primer mandatario difundió además «fuertes criticas contra las redes sociales mas populares, a las que acusó de ser «instrumentos de odio y fascismo», decretó la suspensión temporal de la red «X», e instó a desinstalar la aplicación «WhatsApp». Entre tanto, «se denunció la anulación de pasaportes y el despido de empleados públicos».
El Ministro de Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, publicó en su emisión de TV «Con el mazo dando», imágenes de «detenciones … como forma de amenazas, generando terror en la población». El Ministro de defensa, el General Vladimir Padrino López, desplegó sus fuerzas «para el control de las protestas» mientras el drenaje de efectivos que abandonaron el Ejercito en 2024, treparía a unos 4.000 militares, que han desertado. (1) «La Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, continuó siendo instrumental en la aprobación de nuevas leyes restrictivas del espacio cívico y democrático sin que medie un debate genuino y democrático».
La Presidenta de la Junta Directiva del Tribunal Supremo, Caryslia Beatriz Rodríguez designada el 17 de enero, y dos vicepresidentes, fueron militantes del Partido del Gobierno y ejercieron cargos de elección popular. Se alinearon «con el Ejecutivo» en perjuicio del ejercicio independiente y equilibrado de sus mandatos constitucionales. El Presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien fuera diputado del partido del Gobierno y contralor General de la República, «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad» esenciales para unas «elecciones creíbles». Según el Panel de Expertos Electorales de la ONU, Amoroso «incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad» esenciales para unas «elecciones creíbles».
El 2 de septiembre de 2024, un tribunal» venezolano competente en «terrorismo emitió una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia», encarnación de la victoria proclamada por la oposición, publicando en una página web creada a tal efecto, las actas electorales mesa por mesa con los resultados, que no deben ser diferentes a las que el gobierno podría mostrar. Los delegados de la oposición en los locales de voto, se llevaron sus copias de tales actas, la prueba de la verdad, que Nicolas Maduro no puede desmentir. Pero «el 7 de septiembre de 2024, González Urrutia se vio forzado a exilarse en España por la persecución de la que fue objeto».
(1) Le Figaro, Francia, 13 de agosto de 2024.
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