El financiamiento educativo creció en Argentina, entre 1980 y 2022, un 226% en el nivel superior y un 163% en el básico, con lo que la diferencia acumulada fue de 63 puntos porcentuales en favor de las universidades y la educación superior no universitaria.
Los datos constan en el informe “Evolución del financiamiento educativo”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Alejandro Morduchowicz (especialista en planeamiento y políticas educativas), Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman (Observatorio de Argentinos por la Educación).
En los últimos 42 años se observa un aumento sostenido del gasto público en educación, tanto en porcentaje del PBI como en términos reales.
La inversión que realizan las provincias aumentó un 292%, mientras que la inversión de Nación creció un 30%.
Actualmente, 3 de cada 4 pesos invertidos en educación (78%) son ejecutados por las provincias y 1 de cada 4 (22%) por Nación.
En 1980, en cambio, las provincias tenían a cargo el 55% del gasto educativo.
El financiamiento educativo cayó a principios de los años ‘90, en 2002 y 2003, mientras que desde 2004 se registra un incremento del gasto que se refuerza en 2005 y 2006, con la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley de Educación Nacional, que establecieron la obligación de invertir un 6% del PBI en educación.
Sin embargo, esta meta sólo se cumplió en 2009, 2013 (incluyendo Ciencia y Tecnología) y en 2015 (exclusivo para educación).
A partir de 2005, el crecimiento del gasto real por alumno en educación básica superó el incremento de la matrícula: en otras palabras, hubo un aumento de la inversión más allá de la expansión del sistema educativo.
La inversión estatal en educación superior (es decir, universidades y educación superior no universitaria) creció sostenidamente más que la destinada a la educación básica (nivel inicial, primario y secundario) desde la ley de transferencia de los servicios educativos (1992), cuando las provincias asumieron la responsabilidad de las escuelas.
Esta diferencia se profundiza entre los años 2006 y 2022, y alcanza un pico en 2018: ese año se invirtieron 105 puntos porcentuales más en educación superior que en básica.
Los resultados tampoco acompañan a los números: egresan de las carreras universitarias, en tiempo y forma, el 30% de los que se inscribieron.
Argentinos por la Educación ya había evaluado que de cada 100 estudiantes que comenzaron primer grado en 2011, solo 13 llegaron al final de la secundaria en el tiempo esperado (en 2022) y con conocimientos satisfactorios de Lengua y Matemática.
Las cifras, posteriores a la pandemia suponen un retroceso con respecto a los resultados de cohortes previas de alumnos, como las de 2005-2016 y 2009-2020, a contramano del presupuesto asignado a educación.
Los datos muestran que, en paralelo a un aumento gradual en el porcentaje de estudiantes que pasan de año y llegan a tiempo al final de la secundaria, se produjo también un retroceso de los aprendizajes, especialmente en Matemática.
“El informe permite ver con claridad cómo evolucionó el financiamiento de la educación en distintos momentos políticos claves de la Argentina desde la vuelta de la democracia: la caída de los recursos de inicios de los ‘80 debido a la crisis de la deuda, los vaivenes generados por la transferencia de las escuelas secundarias y la posterior aplicación de la Ley Federal de Educación, la crisis de 2001, la Ley de Financiamiento Educativo y las restricciones fiscales de los últimos años”, señala Alejandro Morduchowicz, coautor del informe.
Juan Ignacio Doberti, doctor en Ciencias Económicas, docente e investigador de la UBA, asegura: “El trabajo tiene la virtud de iluminar con datos precisos dos aspectos claves del financiamiento educativo durante el período 1980-2022: la relación nación/provincias en el aporte presupuestario y la división entre educación básica/educación superior en la asignación de recursos.
En el primer eje observa claramente la retracción de la participación relativa del gobierno central y, por el contrario, la mayor contribución de las provincias en un proceso cuestionable porque estas tienen menor capacidad recaudatoria y una debilidad notoria para la gestión escolar.
En el segundo eje se advierte el mayor incremento en la asignación destinada al nivel superior frente a los niveles inferiores, en un proceso vinculado al mayor aumento de la matrícula universitaria que partía de niveles de cobertura menores (en 1980 la educación primaria tenía una cobertura del 95%, la secundaria del 54% y la de educación superior del 16%).
El análisis resulta especialmente oportuno en el actual contexto de reducción del presupuesto público, puesto que los desafíos de mejoras en la calidad y equidad de la enseñanza exigirán una utilización eficiente de los recursos”.
Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA CONICET, plantea: “Los procesos de descentralización de los servicios educativos reforzaron las inequidades territoriales, especialmente en los niveles de educación inicial, básica y media”.
Añade que “es importante que el Estado nacional desarrolle un rol activo para reducir esas inequidades. En el plano de la educación superior es central reforzar el rol de movilidad social que desarrollan las universidades nacionales, para lo cual se requiere mejorar las estrategias y pautas de financiamiento y los resultados que dichas instituciones brindan a la sociedad a partir del desarrollo de las diferentes funciones que desempeñan”.
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