Por presión de países productores de materias primas, la Comisión Europea prevé prorrogar por un año su ley para abordar la deforestación a nivel mundial.
La medida afecta exportaciones de soja y carnes argentinas por unos US$ 4.000 millones anuales.
La exigencia de garantías de libre de deforestación de los productos a importar que la Unión Europea (UE) estableció y debía comenzar a regir a partir de 2025 fue cuestionada por distintos países y sectores productivos.
En el caso de la Argentina, implicaba una importante afectación a las exportaciones de carne y soja.
Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el promedio de exportaciones de carne a Europa del 2021 a 2023 fue de US$ 462 millones, el 14% del total embarcado por este sector.
En el complejo sojero, tomando el mismo período, fue de US$ 3.556 millones, el 20% de los más US$ 17.000 millones que genera este sector.
La regulación de la UE debía entrar en vigencia el próximo 30 de diciembre pero ahora se demoraría un año. lo cual fue destacado por la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA).
La entidad dijo que ahora hay que revisar la segregación física y el no reconocimiento de la legislación nacional sobre bosques, entre otras.
Por su arte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacó “la decisión que ha tomado la Comisión de la UE de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023 respecto a la deforestación agregada para los productos con destino a ese mercado”.
La Rural rechazó, tanto en ámbitos nacionales como internacionales (Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, Foro Mercosur de la Carne, Organización Mundial de Agricultores, reuniones COPs y encuentros específicos en Chile, Paraguay, Uruguay, Alemania y Bélgica).
“Desde hace dos años trabajamos arduamente y hoy vemos que se logró un avance que parecía imposible de lograr”, indicó la entidad.
Esta propuesta de retraso necesitará la aprobación tanto del Parlamento Europeo como de los 27 estados miembro para concretarse.
Si el Parlamento Europeo y el Consejo lo aprueban, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas, y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
Los productores argentinos consideraron que este periodo adicional de 12 meses permitirá una introducción gradual y una implementación adecuada del reglamento.
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