Alberto Fernández no quiere que ninguna de sus denuncias surgidas por la causa por violencia de género sean investigadas en Comodoro Py, sin embargo la Justicia viene sosteniendo lo contrario.
En las últimas horas, el expresidente sufrió un nuevo revés en el expediente donde acusó a la esteticista Maria Florencia Aguirre de haber mentido durante su declaración ante el fiscal Ramiro Gonzalez el pasado 10 de septiembre.
A través de su abogada, Silvina Carreira, el expresidente afirmó que la cosmetóloga incurrió en el delito de falso testimonio cuando manifestó haber estado en la quinta presidencial de Olivos días después de haberle realizado un tratamiento estético, momento en el que además, según Aguirre, vio el hematoma en su ojo derecho.
Si bien la denuncia presentada en la justicia criminal y correccional fue ratificada, el juez Jorge De Santo, a instancia del fiscal Pablo Lugones, determinó que la causa debía tramitar en el fuero federal.
Sin embargo, cuando el expediente estuvo a punto de despegar del palacio judicial de la calle Talcahuano sin escalas a Comodoro Py, la abogada Carreira presentó un recurso de apelación buscando que la causa no aterrizara en el edificio del barrio de Retiro, pero un pequeño detalle hizo que la apelación no prosperara.
El escrito de apelación requería que también estuviera firmado por Alberto Fernández por ser querellante, cuando únicamente estaba rubricado de forma digital por Silvina Carreira como patrocinante letrada. “Error grave”, sostuvo una fuente conocedora del expediente a PERFIL, sumado a lo anterior, el plazo para enmendar el desacierto o reformularlo venció y la decisión quedaría firme, con lo cual es muy probable que la próxima semana se sortee en uno de los 12 juzgados de Comodoro Py.
Situación similar ocurrió al comienzo de la causa por violencia de género cuando el exmandatario reclamó que el expediente fuera investigado en la justicia federal de San Isidro, el juez Ercolini rechazó el pedido. Ante ello, Fernández insistió y finalmente el camarista Eduardo Farah avaló esa decisión.
En la única causa que el exjefe de Estado quería que investigara la justicia federal terminó volviendo al fuero criminal. Fue donde denunció a Fabiola Yañez por violación de secreto al sostener que fue ella quien difundió videos de su intimidad.
La acusación penal había quedado a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti pero ella determinó que por ser un delito de acción privada no correspondía que la justicia federal fuera quien llevara el trámite.
Su par del fuero criminal ordinario, Alejandro Ferro, opinó lo contrario y le devolvió la causa. Finalmente, Capuchetti envió el expediente de la causa a la Cámara Nacional de Casación, que determinó que un tribunal sea el que lleve adelante el proceso, con una audiencia de conciliación en primera instancia y de carácter obligatorio para que puedan llegar a buen término.
Pero ese no es el único expediente donde Alberto F tiene que consensuar con Fabiola, en la Justicia de la Ciudad hay otro donde tampoco terminan de ponerse de acuerdo y es el de la manutención del hijo de ambos. Pese a que Alberto tiene embargada una parte de su pensión de privilegio para los gastos de Francisco, la suma no es suficiente para mantenerlo y luego de tres audiencias la expareja presidencial no logra avanzar en esto.
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