internacional presentada ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra
Venezuela. Esta denuncia, inicialmente formulada en 2018, había sido
abandonada en 2021. La medida, liderada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores bajo Diana Mondino, refleja la postura del gobierno argentino
respecto al deterioro de la situación política y de derechos humanos en
Venezuela.
El gobierno argentino ha expresado su firme compromiso con la
restauración del estado de derecho y la defensa de los principios de
libertad y democracia en Venezuela. Este movimiento se enmarca en la
creciente tensión entre Argentina y Venezuela, con el presidente
venezolano Nicolás Maduro criticando duramente al presidente argentino
Javier Milei, lo que ha intensificado las hostilidades diplomáticas.
En declaraciones recientes, Manuel Adorni, portavoz presidencial
argentino, describió a Maduro como un dictador, subrayando que las
palabras de Maduro no merecen un análisis profundo. Adorni manifestó su
preocupación por la falta de democracia en Venezuela y la situación del
pueblo venezolano, especialmente en el contexto de las próximas
elecciones.
Esta decisión de Argentina también destaca la alineación de sus acciones
y declaraciones con respecto a la crisis venezolana desde diciembre de
2023. La reincorporación a la denuncia ante la CPI es vista como un paso
significativo para presionar por una respuesta internacional coordinada
ante las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
