En Argentina, el panorama ambiental se torna aún más sombrío con la posible sanción de la llamada ley ómnibus, lo que supondría un retroceso inédito y un incumplimiento grave de los compromisos internacionales. Este proyecto representa un desafío para el Congreso, que debe decidir si frenar esta regresión. Sin embargo, la falta de interés en el tema ambiental por parte de los sectores decisores ha sido evidente durante años, reflejada en la falta de prioridad en la agenda parlamentaria y en la carencia de políticas efectivas.
El gobierno de Javier Milei, que muestra un claro desinterés por el cambio climático, fusionó los exministerios de Ambiente y de Turismo y Deportes en una única secretaría, bajo el mando del ministro del Interior, Guillermo Francos. Esta decisión refleja una postura ambigua, ya que si bien el presidente ha negado el origen antropogénico del cambio climático, su gobierno ratifica la agenda climática, lo que genera confusión sobre sus verdaderas intenciones.
El proyecto de ley ómnibus, enviado por el Ejecutivo al Congreso, plantea modificaciones que implicarían un serio retroceso en la legislación ambiental, vulnerando principios internacionales como el de no regresión ambiental y el de progresividad. Esto ha generado fuertes críticas por parte de expertos y organizaciones ambientales, quienes lo consideran una declaración de guerra al movimiento socioambiental argentino y un grave atentado contra la protección del medio ambiente.
La aprobación de este paquete antiambiental choca frontalmente con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Escazú, que Argentina ratificó en 2020. Este acuerdo establece principios fundamentales que buscan garantizar la protección ambiental y la participación ciudadana en decisiones relacionadas con el medio ambiente. Ante esta situación, queda en manos del Congreso decidir si detener esta regresión y proteger el futuro ambiental del país.
