El martes pasado, los bloques de la ex alianza Juntos por el Cambio, con la complicidad de La Libertad Avanza, lanzaron una cruzada en la Cámara de Diputados para doblegar el actual modelo sindical y debilitar el poder de los gremios.
El debate en la comisión de Legislación General, que estuvo coordinado por su presidente, Martín Tetaz, no salió de la manera esperada, ya que no pudo evitar la estampida de los integrantes de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda, que se retiraron denunciando un “circo”.
Según advierten, los 28 proyectos que plantean modificaciones a las leyes 23.551 de Asociaciones Sindicales y 14.250 de Convenciones Colectivas de Trabajo, bajo el capcioso título de “democratización sindical”, sólo buscan convertir las conquistas de derechos laborales y sindicales en tierra arrasada, y así disciplinar al movimiento obrero.
Se trata de medidas que complementan los cambios en materia laboral que ya cobraron o cobrarán vigencia a partir de la reglamentación de la ley Bases, como la extensión del período de prueba a un rango de entre 6 y 12 meses, eliminación de multas por no registración laboral, legalización del despido por razones de discriminación (doble indemnización), fondo de cese por desempleo optativo, y régimen de trabajadores independientes con hasta tres colaboradores.
Entre las iniciativas, las más polémicas son las que proponen límites a las reelecciones a los secretarios generales y la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias sindicales, cortando una de las principales arterias del financiamiento de las estructuras gremiales.
Estas y otras medidas fueron parte del DNU 70 (cuyo capítulo laboral está frenado en la Justicia) y también quedaron fuera de la versión original de la reforma laboral contenida en la primera Ley Bases, cuando por intermedio de una gestión de la CGT se logró eliminar 42 artículos.
La mayoría de los proyectos tienen como autores a diputados del PRO, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, es decir, de los bloques que conformaban Juntos por el Cambio hasta el año pasado.
Solamente aparece una iniciativa dentro de ese menú que corresponde a Unión por la Patria, presentado por Hugo Yasky para blindar la protección que brinda la tutela sindical ante despidos con justa causa de los representantes gremiales en los casos que “se verifique la existencia de peligro para las personas o bienes de la empresa”.
Unión por la Patria es el bloque justamente más diputados tiene con extracción sindical: además de Yasky (líder de la CTA de los Trabajadores), comparten esta condición Sergio Palazzo (jefe de La Bancaria), Vanesa Siley (Sitraju), Mario Manrique (SMATA) y Carlos Cisneros (bancario).
En la comisión también participa el diputado Jorge “Loma” Ávila, el secretario general del poderoso gremio de petroleros privados de Chubut, aunque en su caso se encuadra dentro del bloque Encuentro Federal que conduce Miguel Pichetto.
El martes que viene a las 11 será la segunda reunión informativa para que los autores de las distintas iniciativas que componen la agenda de trabajo diseñada por Tetaz puedan exponer.
Uno de los proyectos tiene como autor al economista radical y presidente de la comisión, y lleva las firmas de diputados de otras bancadas como Sabrina Ajmechet, Fabio Quetglas, Margarita Stolbizer y Carla Carrizo.
La iniciativa de Tetaz busca limitar la reelección de los integrantes de asociaciones sindicales a una “única vez, debiendo dejar pasar un período para volver a ser elegidos”.
Pero además de limitar los mandatos, este proyecto de “democratización sindical” apunta a la incorporación de las minorías en los órganos deliberativos y directivos de los gremios si en las elecciones esas listas minoritarias alcanzan al menos el 25% de los votos de los afiliados.
La macrista Verónica Razzini impulsa un proyecto de ley que replica el contenido de la reforma laboral incluida en el DNU 70, y es acompañado con las firmas de los diputados Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni. Ricardo López Murphy, Martín Yeza y Damián Arabia, entre otros.
Entre otros aspectos, la iniciativa elimina las cuotas solidarias obligatorias para los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados.
Además, incluye la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos, la restricción del ejercicio de huelga en actividades como educación y el transporte, y modificaciones en el régimen del teletrabajo.
Quizás el punto más disruptivo del proyecto de Razzini es que retoma el artículo del mega DNU 70 que aplicaba severas sanciones contra los bloqueos sindicales a las empresas.
“Será reprimido con 3 a 6 años de prisión quien impidiere, estorbare o entorpeciere el acceso a un comercio, industria o establecimiento de cualquier tipo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Si la acción se desarrollare simultáneamente sobre diversos locales o sucursales del mismo comercio, industria o establecimiento, la pena será de 4 a seis 6 años de prisión”, se establece.
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade impulsa un proyecto en el que se establece la intervención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para “controlar la rendición de cuentas de los fondos sindicales”, la obligación de presentar declaraciones juradas patrimoniales y el cupo femenino del 30% en las conducciones de los gremios.
Este proyecto va en sintonía con el presentado por María Eugenia Vidal (PRO), que es acompañado por Cristian Ritondo, Ricardo López Murphy, Maximiliano Ferraro y Diego Santilli, que también dispone la obligatoriedad de que los directivos sindicales presenten declaraciones juradas patrimoniales, pero además avanza en limitar los mandatos de los secretarios generales a cuatro años y una única reelección.
Un proyecto interesante es el que tiene como autor a Héctor Stefani (PRO) que plantea la “ficha limpia gremial”, impidiendo a los trabajadores condenados por delitos que puedan integrar los órganos directivos de conducción ni ningún tipo de cargo en la asociación sindical.
La comisión de Legislación del Trabajo tiene en vista otro expediente que va en esta línea que es el que tiene como autora a la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli.
La iniciativa, que pareciera tener nombre y apellido, prevé que para presentarse a elecciones en un sindicato es requisito indispensable “no haber integrado hasta 24 meses anteriores a la elección, cualquier órgano de la AFA, FIFA, CONMEBOL o clubes que participen de los torneos de fútbol de Primera División y Primera B Nacional”.
En cuanto a transparencia institucional de los sindicatos, hay un proyecto que está a la vista en la comisión que fue presentado por Silvana Giudici (PRO), acompañada con las firmas de sus compañeros de bancada Ritondo, Laura Rodríguez Machado y Hernán Lombardi.
Esta iniciativa busca garantizar el derecho al acceso a la información pública a “toda la información sindical”, lo que incluye “todo tipo de documento o de datos contenidos en documentos, en cualquier formato”.
Además, propone que “en los procesos de compras y contrataciones, las asociaciones sindicales deberán implementar programas de integridad y transparencia, consistentes en reglas y procedimientos claros y públicos y por acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, a fin de brindar un uso racional y eficiente de sus recursos”.
En esta misma frecuencia, la radical Soledad Carrizo es autora de un proyecto para que los estatutos de los sindicatos deba garantizar “la transparencia y la prevención de la corrupción en el desarrollo de sus fines y actividades”.
Este proyecto también define “la alternancia de los miembros de los órganos de dirección y administración, limitando su reelección indefinida; el acceso a la libre información pública en conformidad con la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, y “el establecimiento de un código de ética o conducta para sus afiliados y miembros de los órganos de dirección y administración”.
Sobre la cuestión de la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas sindicales solidarias, además del proyecto de Razzini hay iniciativas de Luis Picat (UCR), López Murphy (EF), de Gerardo Milman (PRO) y de la Coalición Cívica.
Con giro a otras comisiones, también está en vista el proyecto de la diputada nacional mandato cumplido Ingrid Jetter para garantizar la paridad de género en cargos directivos sindicales.
Sin embargo, según pudo saber Noticias Argentinas de fuentes cercanas a Tetaz, los proyectos con competencia mixta no se van a tratar en las próximas reuniones y sí lo harán respecto de aquellas iniciativas con competencia única y específica de Legislación del Trabajo.
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