El ministro de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, insistió en el pedido al Gobierno nacional de establecer un plazo de seis meses de trabajo para implementar el traspaso a su competencia de las 31 líneas de colectivos que circulan por el distrito.
El funcionario advirtió que en caso que la Nación decida unilateralmente la quita del apoyo financiero el pasaje de colectivo podría ascender a los $ 700.
“La tarifa que actualmente sería de $ 1.000 está compuesta por tres tercios. Uno paga el usuario y de los dos tercios restantes, el 55% lo paga la Ciudad y el resto la Nación”, explicó Bereciartua en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
El funcionario aseguró que la Ciudad seguirá pagando su parte y en consecuencia el precio final ascendería a unos $ 700.
El ministro señaló que para que la Ciudad pueda hacerse cargo se necesita un procedimiento legal que incluye una autorización de la Legislatura local para el traspaso y una nueva ley de transporte en la Ciudad.
Debido a esta situación, Bereciartua insistió en que el Gobierno nacional acepte un plazo de seis meses para trabajar en todo este andamiaje, que incluye el traspaso de los fondos.
En caso que la Nación decidiera en forma unilateral dejar de subsidiar desde el próximo lunes, Bereciartua sostuvo que “se crearía una confusión enorme porque la Ciudad seguirá depositando en el fideicomiso, pero las empresas no sabrían que ingresos tendrían y probablemente haya restricciones en los servicios”.
El funcionario advirtió que en caso que la Nación decida unilateralmente la quita del apoyo financiero el pasaje de colectivo podría ascender a los $ 700.
“La tarifa que actualmente sería de $ 1.000 está compuesta por tres tercios. Uno paga el usuario y de los dos tercios restantes, el 55% lo paga la Ciudad y el resto la Nación”, explicó Bereciartua en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
El funcionario aseguró que la Ciudad seguirá pagando su parte y en consecuencia el precio final ascendería a unos $ 700.
El ministro señaló que para que la Ciudad pueda hacerse cargo se necesita un procedimiento legal que incluye una autorización de la Legislatura local para el traspaso y una nueva ley de transporte en la Ciudad.
Debido a esta situación, Bereciartua insistió en que el Gobierno nacional acepte un plazo de seis meses para trabajar en todo este andamiaje, que incluye el traspaso de los fondos.
En caso que la Nación decidiera en forma unilateral dejar de subsidiar desde el próximo lunes, Bereciartua sostuvo que “se crearía una confusión enorme porque la Ciudad seguirá depositando en el fideicomiso, pero las empresas no sabrían que ingresos tendrían y probablemente haya restricciones en los servicios”.
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