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Los miembros de la Sala IV de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, decidieron de manera unánime revocar la resolución dictada por la jueza Natalia Ohman que cuestionó 115 procedimientos policiales en los que se secuestraron armas blancas, incluso solicitó que esas armas fueran devueltas.
En un fallo conocido hace unas horas, los jueces Gonzalo E. D. Viña, Luisa María Escrich y Javier Alejandro Bujan, hicieron lugar a la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal y además ordenaron el apartamiento de Ohman, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 17, de las causas que estaban en discusión.
“Celebro el fallo que se atiene a derecho y nos ayuda a recuperar la cordura para que los vecinos vuelvan a estar seguros”, sostuvo el ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff.
En julio pasado, Ohman firmó un fallo en el que cuestionaba los procedimientos realizados por la Policía de la Ciudad en busca de armas blancas, ordenando incluso que esas armas sean devueltas.
En el fallo, la magistrada sostiene que “deviene imperioso tachar de nulidad las medidas precautorias desplegadas”.
En la resolución conocida este martes, los jueces afirman que “la decisión de la magistrada resulta absolutamente e irremediablemente arbitraria y por ello debe ser revocada” y agregan que “carece de imparcialidad, refleja su posición personal, carece de motivación real en los sucesos y realiza afirmaciones dogmáticas que no se conectan con los sucesos del caso”.
Además, sostiene que lo que se ve es “un claro caso de arbitrariedad en la resolución”, ya que la misma “carece no solo de prudencia y atino sino que, a su vez, en manera patente es carente de fundamentación suficiente”.
Y remarca que la jueza “al pronunciarse en un mismo acto sobre ciento quince incidentes o episodios que llegaron a su conocimiento, sin examinar los hechos y características particulares de cada uno de ellos, sin oír a las partes directamente interesadas ni dar ocasión a la producción de prueba” dejó de oficiar como tal y pasó a “convertirse en una opinión académica sobre lo que entiende que es una práctica generalizada del brazo armado (fuerza policial) del Poder Ejecutivo”.
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