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En el despacho del jefe de Gabinete tienen una teoría sobre el origen de esta información: “Esto viene del macrismo, que siempre intenta pegarle a Santiago”, dicen. Para la tranquilidad del funcionario, o al menos esos dicen, nada les hace sospechar que el ruido haya salido desde el interior del Gobierno. Y, aunque están acostumbrados a los cruces de información, esta vez se mostraron molestos. “Es un golpe bajo salir a decir algo que no es con un tipo que está internado”, se quejan.
La respuesta de inmediato se interpretó como una desautorización. Es más, trascendió que Francos tuvo una discusión telefónica con Adorni. Esa misma tarde, Eduardo Feinmann le planteó el asunto al jefe de Gabinete: “Usted tiene un rol institucional clave contra alguien que es asesor del presidente, que es simplemente un contratado”, dijo el periodista. “Yo cumplo un rol constitucional, que está establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Santiago Caputo es un asesor de confianza del presidente y, como tal, el presidente lo escucha y es razonable. Muchas veces el presidente ha dicho que él, su hermana y Santiago Caputo conforman el triángulo de hierro. Pero a mí el presidente me designó porque tiene confianza para ejercer este rol como jefe de Gabinete”, contestó.
En el entorno de Francos hay quienes reconocen que esa respuesta alimentó los rumores de tensión y que “hay cuestiones que deben resovlerse puertas adentro”. Reconocen que la molestia existió, pero la minimizan y dicen que no fue más que un ida y vuelta laboral. Es más, subrayan que la declaración del jefe de Gabinete en el Congreso fue estratégica: “La Libertad Avanza tiene minoría y hay que hacer negociaciones. Guillermo, que es quien cumple el rol del dialoguista, solo les dijo ‘manden lo que quieran y lo vemos'”, cuentan sus allegados.
Más allá de los esfuerzos por desmentir la interna, lo cierto es que Francos no fue el único involucrado en la historia del decreto. Según publicó Clarín, apenas el jefe de Gabinete respondió este tema en el Congreso, Martín Menem se habría comunicado con Karina Banfi, la vicepresidenta de la comisión de Libertad de Expresión para comenzar a evaluar la revisión de la reglamentación.
Gi
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