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Moriñigo añadió: “No hay intención cierta de recomponer los salarios docentes y no docentes para al menos igualar la situación de pérdida frente a la inflación. La única certeza que surge de este presupuesto es que los docentes y no docentes en 2025 van a tener los mismos salarios que hoy. Ni siquiera se contempla la inflación, que se estimó del 18%”.
En esa línea, remarcó: “Es por eso que esta tarde [por el lunes] nos reunimos con las federaciones y decidimos que el martes que viene, tras la reunión del CIN, anunciaremos las medidas a tomar: una nueva marcha para octubre, salvo que el Gobierno tienda una diagonal que permita modificar esta situación, aunque lo vemos muy poco probable porque no vemos voluntad de dialogar”.
En lo que va del año, el Gobierno asignó actualizaciones de partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento. Los salarios de docentes, investigadores, directivos y personal administrativo no docente representan cerca del 85% del presupuesto universitario, mientras que los gastos de funcionamiento son apenas un 5%.
Desde el inicio de la gestión libertaria, los gremios universitarios consideran insuficientes dichas actualizaciones que otorgó el Gobierno: un 4% en junio, un 9% para mayo, un 8% en abril, un 12% en marzo y, en febrero, un 16%, seis puntos por encima de lo que marcaba la negociación vigente en ese entonces. Después, sumaron un 7% de julio.
El presidente Javier Milei anunció el último viernes el “veto total” a la ley de financiamiento universitario que había sido aprobada un día antes en el Senado por amplia mayoría. De esa manera, el presidente volvió a rechazar una ley aprobada por el Congreso de la Nación en pocas semanas, ambas con alto impacto fiscal. Con todo, el presupuesto universitario aprobado era insignificante, al lado de la fórmula de movilidad jubilatoria.
El 23 abril una masiva marcha federal a nivel nacional que volcó cerca de un millón de personas en distintas ciudades del país obligó al Gobierno a recalcular su plan de acción. En dicha manifestación hubo personas de todas las orientaciones políticas, con el respaldo político, sindical, académico y de diferentes sectores de la sociedad. Incluso de votantes de Milei. Es por ello que el Gobierno se vio obligado a alcanzar un acuerdo por el funcionamiento universitario. Fue la principal señal de alarma que la “motosierra” de Milei tuvo.
De hecho, un estudio del Observatorio Pulsar señala que “3 de cada 4 argentinos/as rechazan los recortes en educación, ciencia y tecnología”, y agrega que “estas valoraciones son transversales a todos los segmentos sociales. Entre las cifras que menciona destaca que “el universitario es el nivel educativo mejor valorado socialmente”, con un 70% de los encuestados que tienen una valoración entre “buena” y “muy buena”.
Otras percepciones que menciona son las relacionadas con la obtención de un título de grado. El 64% considera que tiene una mejor valoración un título de grado en una universidad pública mientras que el 11% considera que es mejor un título en una universidad privada.
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