A horas del dato de pobreza que publicará hoy a las 16 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y con la reglamentación de la reforma laboral vigente, el Gobierno nacional sigue con preocupación la ampliación en la brecha de los argentinos que registraron ingresos que no llegaron a cubrir la Canasta Básica Total (CBT) durante el primer trimestre de 2024, pero vaticina mejoras y ratifica la ayuda social a los sectores más vulnerables.
Según supo la agencia Noticias Argentinas, se espera que la cifra que en el segundo trimestre de 2023 se estacionó en 41,7% escale en torno al 55% durante los primeros meses del año -el inicio de la gestión liberaría- alcanzando a más de 25 millones de personas, un récord desde 2004.
Si bien se habla de un dato “horrible” y “malo”, “peor que el de 2023”, desde el Poder Ejecutivo aseguran que el ordenamiento de la macro posibilitará una mejora en el índice que tendrá como plazo de recuperación al tercer trimestre.
En cuanto a los grupos etarios según condición de pobreza, enciende las alarmas el dato que estima que un 66% de las personas de 0 a 17 años se encontró bajo esta condición entre enero y junio de este año, alcanzado su pico.
La reedición de “la pesada herencia” es el argumento utilizado por el oficialismo para justificar el impacto negativo del “ajuste histórico” que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene consecuencias directas en la actividad, el empleo y los salarios. Pese a los indicadores, aseguran que se trata de una receta “necesaria para iniciar la recuperación del país”.
“Es fundamental recalcar, cuantas veces sea necesario, que la pobreza estructural en Argentina no surgió por las acciones de este gobierno”, sostuvieron desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas (CNCPS), y agregaron: “Los datos muestran que las políticas económicas y sociales del pasado fracasaron de manera estructural, generando y perpetuando la situación a la que hemos llegado”.
El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó un aumento en la tasa de la pobreza de 16 puntos porcentuales medido desde el segundo semestre de 2017 al mismo período de 2023, es decir, pasó del 25,7% a 41,7%, mientras que la tasa de indigencia se duplicó de 6,2% a 11,9%.
El alarmante incremento grafica el dato del Banco Mundial que identifica a la Argentina como “el único país de la región que no logró reducir la pobreza en los últimos 13 años”, incluso, a pesar del incremento en las asistencias sociales que brinda el Estado.
Ante este complejo panorama, desde Capital Humano elaboraron un informe en el que establecieron dos premisas básicas como objetivos innegociables: la estabilización de la macro y la garantía de una asistencia directa a las personas en situación de vulnerabilidad.
“Queremos que la gente tenga qué comer y para eso es central contar con una macro ordenada”, reveló a esta agencia una funcionaria.
Al respecto, y luego de que el mandatario planteara que la única cartera que tiene “la billetera abierta” es la de Capital Humano, una fuente del ministerio afirmó: “Plata hay un montón. Tenemos la responsabilidad de gastarla bien”.
Por eso, destacan como hitos de la gestión de Sandra Pettovello el incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta alimentar; el cambio de fórmula de la AUH basada en el IPC, y la eliminación de intermediarios en la distribución de los planes sociales.
“Sandra (Pettovello) y Patricia (Bullrich) lograron lo impensado”, destacaron desde el ministerio al tiempo que aclararon que al asumir, la AUH y la Tarjeta Alimentar cubría el 49% de la canasta básica y que la asistencia se transfería “mitad al beneficiario y la otra mitad a los gerentes de la pobreza”, denominación que asignó Milei a los movimientos sociales que oficiaban de intermediarios.
En contradicción con las permanentes críticas al rol interventor del Estado y a la justicia social que pregonan desde la administración libertaria, la asistencia estatal cumple un rol fundamental bajo el enfoque de “aumentar la libertad económica como solución para reducir la pobreza estructural del país”.
A fines prácticos, remarcaron que se trabajó en la suba del monto de la AUH y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que según reportaron, fue de un 308% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, lo que posibilitó que, sumado a la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar, alcancen a cubrir el 97,7% de la canasta.
Otro de los puntos que destacaron fue el incremento del Plan 1000 días, y el “refuerzo” de merenderos, comedores, y puntos registrados donde, aseguraron, alcanzan a 4.834 establecimientos. “Estamos trabajando para fortalecerlos y sumar nuevos espacios, asegurando que realmente cumplan su función en las comunidades”, prometieron.
Además, se habló de una “mejora del valor nutricional” reflejado en la suba de las raciones y los módulos alimentarios lo que habría dado lugar a una mejora en el valor calórico de los alimentos. “Si bien el objetivo es que las familias coman en sus casas, nos ocupamos por los comedores matriculados que existen y nos encargamos que mejoren el menú”, aclararon.
A pesar de la judicialización del tema, en Capital Humano aseguraron que se han distribuido 2.583.221 kilos de alimentos en más de 1000 comedores escolares destinados a escuelas vulnerables, y remarcaron que a partir de octubre, pretenden extender la edad de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar hasta los 17 años.
“Si no se hubieran implementado los aumentos de las prestaciones con el cambio de fórmula, ¿en qué situación estaríamos? Sin la nueva fórmula de actualización, el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se habría mantenido en un 27,3% de la canasta básica alimentaria”, cuestionaron en una clara crítica a la política social del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por aquel entonces por Victoria Tolosa Paz.
En la misma línea, subrayaron: “Reafirmamos que nuestra política social se enfoca en mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables a través de la asistencia directa, sin intermediarios, y confiando en la libertad y capacidad de las personas para decidir cómo administrar sus recursos”.
“En estos 10 meses, hemos logrado contener la emergencia con responsabilidad y transparencia, eliminando intermediarios y actuando de acuerdo a indicadores objetivos”, se jactaron en el Gobierno y concluyeron: “Esto ha permitido evitar la discrecionalidad y asegurar la eficiencia en el uso de los fondos públicos”.
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