La serie de acusaciones constitucionales impulsadas en Chile por los parlamentarios en los últimos días, a propósito del caso Audio, un escándalo de corrupción y tráfico de influencias que investiga la Justicia y que involucra a autoridades y exautoridades de todos los poderes del Estado, tomó la discusión pública, copó la agenda legislativa y agitó las aguas entre las distintas fuerzas políticas en momentos en que urge llegar a acuerdos para avanzar en soluciones concretas a los principales problemas de los chilenos.
Por cierto, es importante que la Justicia investigue y sancione a quien tenga que sancionar por este caso, pero al mismo tiempo es importante tener instituciones fuertes que se concentren en resolver la crisis de seguridad y los problemas sociales.
Lamentablemente, mientras se acercan las elecciones municipales y de autoridades regionales del 26 y 27 de octubre, los diputados de izquierda y derecha encontraron en el caso Audio una oportunidad para atacar al adversario político, sacar alguna ventaja, aunque signifique destruir el pilar fundamental de la democracia: la confianza. Acusar a tres ministros de la Corte Suprema por “notable abandono de deberes” es un ejemplo de cómo la politización de la Justicia puede convertirse en un arma para sacar provecho político con un interés cortoplacista.
La acusación presentada por el Partido Republicano en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, alegando un “desbande” en la seguridad, también es un ejemplo de oportunismo político, que más que resolver agrava la crisis de seguridad del país, debilitando las instituciones a cargo del tema en vez de fortalecerlas. Y para qué hablar del irresponsable intento de acusación de algunos diputados de RN en contra del presidente Gabriel Boric, que afortunadamente no prosperó.
El crimen organizado ha crecido de manera alarmante en Chile como consecuencia del debilitamiento de las instituciones que tienen que ver con la seguridad, tras el estallido social de 2019. A cinco años de la revuelta, el sistema político parece no haber aprendido nada y sigue enfocado en grescas políticas cortoplacistas que terminamos pagando todos los chilenos. La reciente remoción del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en medio de esta tormenta política debilita a las policías y solo agrava esta crisis.
Necesitamos representantes que se enfoquen en los problemas de fondo: la educación, la salud, la seguridad y la justicia. Sin embargo, las acusaciones constitucionales, lejos de ofrecer soluciones, desvían la atención de los verdaderos desafíos que enfrenta el país.
La politización de la justicia y la seguridad en Chile no es un fenómeno aislado; es una tendencia de la política en América Latina, donde el populismo se presenta como la solución fácil a problemas complejos, y a menudo es un espejismo.
Las elecciones municipales se acercan, y es importante que los chilenos exijan a sus líderes una discusión seria y constructiva sobre el futuro del país y no caigan en el juego de las acusaciones, que solo sirve para distraernos.
Chile se encuentra en un momento crítico y es clave que los líderes se enfoquen en la construcción de un país más seguro y justo. La verdadera responsabilidad política radica en enfrentar los problemas de fondo y trabajar por un futuro con instituciones capaces de garantizar la paz y el bienestar de todos los chilenos.
*Socio director Comsulting.
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