El decreto también aumenta considerablemente los fondos asignados a obras de infraestructura, destinando un 94% de la recaudación del impuesto a este fin. Esto representa un cambio significativo en la orientación de los recursos, con el argumento oficial de transparentar el uso de fondos destinados a personas vulnerables. Sin embargo, críticos de la medida advierten sobre el impacto negativo en la calidad de vida de millones de personas en situación de pobreza.
El Fisu, administrado por movimientos sociales como la Unión Trabajadores de la Economía Popular (Utep), ha sido objeto de controversia en el pasado por acusaciones de malversación de fondos. A pesar de ello, el secretario de Integración Socio Urbana designado por el gobierno defendió la efectividad del programa, destacando la ejecución de numerosas obras con alto porcentaje de presupuesto utilizado.
Organizaciones como la Fundación Techo han expresado su preocupación por la discontinuidad del financiamiento al Fisu, señalando que esta política ha sido una constante en distintos gobiernos nacionales. La reducción abrupta de recursos podría afectar gravemente a más de 6.000 barrios populares que necesitan acceso a servicios básicos e infraestructura.
Por otro lado, líderes religiosos y diversos sectores de la sociedad han criticado la decisión, destacando la importancia del Fisu como la única política pública que apunta al núcleo duro de la pobreza. Advierten que esta medida podría generar mayor exclusión social y desintegración en comunidades vulnerables.
