Desde enero, entra en vigor un mecanismo de ajuste automático de la tarifa, como consecuencia de la eliminación gradual de los subsidios. En ese mes, los pasajes experimentaron un alza del 97,4%, seguido por un segundo incremento del 44,2% en febrero. Ahora, con el aval del Ersep, el aumento podría alcanzar hasta un 32,8% adicional, afectando nuevamente el bolsillo de los usuarios del transporte público.
La noticia del nuevo aumento tarifario genera preocupación entre los usuarios, quienes ya han experimentado un fuerte impacto en sus gastos de transporte en lo que va del año. Este incremento continuo en las tarifas de los interurbanos puede tener un efecto significativo en el presupuesto de las familias cordobesas, especialmente aquellas que dependen de este medio de transporte para desplazarse diariamente.
La medida también despierta debate en la sociedad sobre la accesibilidad y el costo de los servicios públicos, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. Se espera que este nuevo ajuste genere repercusiones en diferentes sectores, incluyendo la política y la economía regional, ante la necesidad de buscar soluciones que garanticen un equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección del bolsillo de los ciudadanos.
Ante esta situación, las autoridades y los organismos de control deben velar por la transparencia en la fijación de las tarifas y garantizar que los aumentos se justifiquen en función de la calidad y eficiencia del servicio ofrecido. Además, es fundamental que se promuevan políticas que protejan a los sectores más vulnerables y que se busquen alternativas para mitigar el impacto de estos ajustes en la economía de las familias cordobesas.
