La investigación, iniciada tras denuncias de un tribuno de Cuentas, un abogado y una concejal de Colonia Tirolesa, reveló que se firmaron 42 contratos directos con la firma Civilian Wireless Service para proveer productos de computación y servicio de internet al municipio. La empresa está registrada a nombre de la esposa del exsecretario de Hacienda, quien también integró la lista de Lauret en elecciones locales.
Los defensores argumentaron que las contrataciones contaban con la aprobación del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Sin embargo, la vocal Patricia Farías ratificó que los tipos delictivos aplicados procuran garantizar la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas.
El fallo de Acusación resalta la autonomía con la que Lauret y Rover suscribieron los contratos, sin necesidad de visado previo ni posterior. Aunque como funcionarios públicos debían realizar procedimientos imparciales, se demostró un interés privado del exsecretario de Hacienda al contratar la empresa de su esposa.
El informe de Afip revela que Civilian Wireless Service era un nombre de fantasía utilizado por Cacciamano como monotributista. El juez rechazó la posición defensiva de que los montos exiguos permitían eludir licitaciones públicas, y sostuvo que Cacciamano nunca debió celebrar contratos con el municipio como tribuna de Cuentas suplente.
