La resolución 2024-16-APN-INCAA#MCH establece medidas que impactarán negativamente en la actividad cinematográfica argentina, afectando a productores, realizadores y trabajadores del sector. Se suspenden también los apoyos económicos destinados a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que refleja una política centralista que atenta contra la diversidad cultural y territorial del país.
Además, se suspende la aplicación de resoluciones anteriores que otorgaban aportes económicos a distintos actores de la cadena productiva del sector cinematográfico. Estas medidas representan un congelamiento de la actividad audiovisual y un golpe para aquellos que dependen de los incentivos para llevar a cabo sus proyectos.
El plan de desguace del Incaa, que inició con el despido de 170 trabajadores, continúa con la no renovación de contratos y la suspensión de asignaciones y pagos de horas extras. Estas decisiones, tomadas por una figura ajena al ámbito cultural, amenazan con debilitar gravemente la producción cinematográfica nacional y el desarrollo del sector.
Es preocupante observar cómo decisiones políticas sin respaldo técnico ni experiencia en el área afectan negativamente a una industria vital para el país. La falta de una estrategia alternativa de fomento a la producción cinematográfica plantea un futuro incierto para el Incaa y para todos los actores involucrados en la industria audiovisual argentina.