El panorama laboral se ve tenso ante la incertidumbre sobre la cantidad exacta de despidos que se llevarán a cabo. Si bien el gobierno se muestra enfocado en aplicar ajustes, algunos ministerios expresan preocupación, argumentando la necesidad de mantener ciertos niveles de personal debido a la importancia de sus funciones. Esta situación ha generado tensiones y llamados a las autoridades para revisar la decisión de reducir el empleo estatal.
El presidente, Javier Milei, ha destacado públicamente la cantidad de personas que han sido despedidas durante su gestión, aunque su equipo prefiere referirse a estas acciones como “no renovación de contratos”. Se estima que alrededor de 7 mil empleados ya han perdido sus puestos mediante decretos emitidos en diciembre pasado. Sin embargo, los sindicatos estatales se preparan para resistir estos ajustes y han convocado a medidas de protesta.
En medio de este escenario, el ministro del Interior, Guillermo Francos, busca establecer acuerdos con los gobernadores para avanzar en la nueva ley Bases. Francos ha iniciado conversaciones con dirigentes provinciales y se espera que estas negociaciones continúen en los próximos días. El objetivo es lograr consensos antes de llevar el proyecto al recinto, buscando así una mayor estabilidad política en el país.
En resumen, el gobierno argentino se enfrenta a críticas y resistencia por parte de los sindicatos y algunos sectores ante la próxima ola de despidos en el sector público. Mientras tanto, se intensifican las negociaciones políticas en busca de acuerdos que permitan avanzar en la agenda legislativa.
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